La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, Farc, denunció y rechazó a través de un comunicado los homicidios de los excombatientes y militantes activos del partido, Wilmar Asprilla y Ángel de Jesús Montoya Ibarra, en Peque, occidente de Antioquia.
Estos dos excombatientes estaban certificados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Llanogrande en Dabeiba y hacían proselitismo para el nuevo partido.
"Wilmar y Ángel eran militantes activos de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Eran hombres comprometidos que estuvieron en constante lucha por la construcción de una Colombia más justa y en paz. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos", escribió las Farc en el comunicado.
El líder de la extinta guerrilla de las Farc, alias Pastor Alape, denunció a través de las redes sociales el asesinato a tiro de sus militantes.
Desde su cuenta oficial de Twitter, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común hizo un llamado al Gobierno para que se pronuncie y actúe ante los asesinatos de sus excombatientes.Anoche en Peque Ant, asesinaron a nuestros camaradas Wilmar Asprilla y Ansel Montoya. Los que promueven a sangre y fuego hacer trizas los acuerdos, son los responsables de este nuevo crimen contra compañeros decididos a la construcción de paz. #PromotoresDeViolenciaNoPasaran pic.twitter.com/3LaGRvqL0W
— Pastor A. Lascarro (@AlapePastorFARC) 17 de enero de 2018
ONU CONDENA ASESINATOHacemos un llamado al Estado colombiano y a las autoridades competentes a pronunciarse frente a los sistemáticos asesinatos no sólo de nuestros camaradas, sino también de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos. https://t.co/Q2KZGoQi0m pic.twitter.com/BamshDTuvi
— FARC (@FARC_EPueblo) 17 de enero de 2018
La Misión de Verificación de la ONU en Colombia condenó el asesinato de Wilman Asprilla Allim y Ansel Montoya Ibarra, además expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.
La Misión de Verificación de la ONU expresó su preocupación por el hecho, el cual se convierte en el primer asesinato en el marco del proceso electoral de 2018.
Así mismo, valora los esfuerzos iniciales de articulación entre las autoridades que se movilizan para esclarecer el hecho e insta a todas las instituciones competentes a no escatimar esfuerzos para una pronta investigación y la judicialización de los responsables.
La misión le exige al Gobierno tomar todas las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos durante el proceso electoral y agrega que “en las zonas más afectadas por el conflicto y en el marco de su mandato, la Misión prestará particular atención a las garantías de seguridad para todos los participantes de la contienda electoral independientemente de su afiliación política”.
Las y los excombatientes de las FARC-EP e integrantes de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común han sido objeto de la constante persecución por parte de actores armados que buscan desestabilizar la implementación de los acuerdos de paz. @ONU_es @antonioguterres https://t.co/FKKQYC2ds3
— Rodrigo Londoño (@TimoFARC) 17 de enero de 2018
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