El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la extradición de las siete personas vinculadas en la muerte del agente de la DEA James Terry Watson.
Esta sería la primera vez en la historia del país (según dijo Montealegre) en que un Fiscal interviene directamente para apoyar una extradición solicitada por autoridades de los Estados Unidos.
En su intervención el Fiscal consideró que a pesar de que el homicidio fue realizado en Colombia, “estos ciudadanos deben responder por los hechos ante los Estados Unidos”. El ente acusador se ampara en una convención sobre la prevención y el castigo de delitos en personas internacionalmente protegidas.
Por tal razón el Fiscal señaló que “se puede inferir que cuando en territorio extranjero se comete un delito contra un agente diplomático, el país al que pertenece puede utilizar el criterio de extraterritorialidad”, con lo que –explicó Montealegre— se hace viable la intervención de las autoridades en este caso.
Además explicó que según la Constitución Política, solo surgen dos excepciones en el caso de extradiciones: “cuando se trate de un delito político o de hechos que se hubieran presentado con anterioridad a la vigencia de la extradición en el país”.
El delito en este caso se presentó el pasado 20 de junio en el norte de Bogotá, cuando el agente fue víctima del paseo millonario.
Según las versiones de los testigos, el agente se subió a un taxi en el Parque de la 93 de Bogotá, luego de avanzar pocos kilómetros al vehículo se subieron otras dos personas, quienes lo amenazaron para que entregara sus objetos personales. Sin embargo, al resistirse a entregar sus pertenencias, estas personas lo apuñalaron, causándole las heridas que lo llevaron a la muerte.
Por lo sucedido, los involucrados en el caso, quienes se encuentran en la cárcel la Picota, de Bogotá, son solicitados por una Corte de Estados Unidos, para que respondan por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir.
Comentarios ()