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Fiscalía precisa alcances de la reforma al sistema penal acusatorio

En el proyecto de reforma al Código de Procedimiento Penal, la Fiscalía General de la Nación incluyó una propuesta para facilitar el sometimiento a la justicia de las llamadas bandas criminales y algunas modificaciones para descongestionar el sistema judicial en el país.

La estadística indica que la Fiscalía registra más de un millón 800 mil investigaciones activas y que en los últimos cuatro años ha sido aplazado el 55% de las audiencias convocadas, es decir, 350.000 diligencias. En otras palabras, existe una enorme carga para el sistema judicial colombiano que puede frustrar el derecho a acceder a la administración de justicia de los ciudadanos.

Y es que en la lucha contra la criminalidad organizada existen resultados muy positivos, como la captura de más de 5.000 personas, 2.392 preacuerdos, 775 casos de aceptación de cargos y más de 2.300 sentencias condenatorias, que han llevado a la desarticulación de importantes organizaciones criminales. Sin embargo, es necesario acrecentar estos resultados para garantizar mayor seguridad.

Para lograr lo anterior, el proyecto propone las siguientes reformas concretas:

- Posibilita el sometimiento a la justicia de bandas criminales a través de la creación de un nuevo procedimiento que incluye la figura del fiscal negociador. También permite que en ciertas y estrictas circunstancias pueda autorizarse la ubicación en zonas determinadas de quienes se sometan a la justicia.

“Este procedimiento será muy importante para lograr una consolidación de la paz, sobre todo en las regiones, en el eventual posconflicto. Además, unifica y simplifica los mecanismos de terminación anticipada, como el principio de oportunidad y los preacuerdos, que son fundamentales para recoger información con el fin de identificar y acabar de forma estructural con las bandas criminales”, explicó la Fiscalía.

El proyecto también racionaliza etapas del proceso penal para hacerlas más ágiles, como por ejemplo la modificación de la audiencia de imputación sin alterar las garantías procesales y constitucionales o el traslado a los jueces civiles del incidente de reparación para permitir que las víctimas puedan ser reparadas de una forma más ágil.

El proyecto aclara y precisa lo relacionado con nuevos tipos de prueba. Se propone la incorporación de la prueba de análisis de contexto, que será esencial para el juzgamiento de crímenes de sistema, donde se exige el análisis en conjunto de los aspectos esenciales de orden geográfico, político, económico y social, entre otros, en los cuales se han cometido delitos.

Finalmente, se propone un procedimiento abreviado para contravenciones penales la creación del acusador privado. Esta es sin duda una de las propuestas más relevantes en materia de administración de justicia penal, porque pone en el centro al ciudadano para darle una respuesta rápida y efectiva a sus demandas, ya que así podría, si lo desea, acudir a un acusador privado.

Este proyecto es el resultado de tres años de análisis jurídico hecho por la Fiscalía General de la Nación, concertado con el Ministerio de Justicia y del Derecho y otras entidades. De esta forma se atienden los reparos formulados al sistema penal acusatorio luego de una década de entrar en vigencia.



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