En un comunicado de 19 puntos, la Fiscalía indicó que el Congreso de la República no asignó los recursos necesarios para que en el año 2016 continúe de forma regular el funcionamiento de la Institución Universitaria Conocimiento e Innovación para la Justicia (CIJ).
La institución educativa, que fue uno de los proyectos insignia de la administración del fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, estaría cerca a terminar, sin que ninguno de sus estudiantes pueda lograr graduarse de los programas académicos de la universidad.
"El Congreso de la República, y no la Fiscalía, fue quien decidió no asignarle a la Institución Universitaria recursos para el próximo año fiscal (2016). Esta decisión tuvo como fundamento el recorte general del gasto público, ocasionado por la disminución de ingresos del Estado, originado entre otras razones, por la baja del petróleo", señala la Fiscalía General de la Nación en su comunicado (ver documento adjunto).
La situación financiera de la institución no habría cumplido la expectativas que se tenían presupuestadas al momento de su inició, y actualmente el número de estudiantes activos es 39, y el número de funcionarios de la Institución (80) dobla en cantidad a los estudiantes inscrito.
"En las circunstancias actuales de la Institución Universitaria, se constató que cada estudiante le costaría al Estado un promedio de 700 millones de pesos anuales, lo cual evidenciaba su inviabilidad financiera. La planta de la Institución Universitaria no creció ni fue gerenciada de forma proporcional y razonable al número de estudiantes previstos y efectivamente matriculados", explicó el ente acusador.
PROYECTO QUE GENERÓ POLÉMICA
La Fiscalía también indicó que adelantan una serie de investigaciones dentro de la institución, algunas por presuntos plagios, y otras por delitos informaticos.
"Entre estos, se destaca el delito de daño informático, en la medida que nuestros investigadores han detectado la presunta destrucción de correos electrónicos y la probable alteración de información, que al parecer fue de conocimiento del Director de la Universidad, y quien presuntamente no realizó ninguna gestión para evitar los hechos", denunció la Fiscalía.
Frente a estos señalamientos, el rector de la universidad, César Solanilla, salió en su defensa, e indicó que el mayor problema de la institución fue la falta de autonomía, “lo que sucedió en términos de gerencia no es el problema de presupuesto. El tema es de autonomía universitaria”, afirmó.
Así las cosas, Solillana indicó que el Fiscal General trató de recomendar varios nombramientos, sin que fueran acordes con el perfil requerido por la institución. "La autonomía de la Universidad se vulneró cuando el señor Fiscal General entró en discrepancia con algunos nombramientos que querían que se hicieran en la universidad", denunció el rector de la institución educativa en Blu Radio.
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