Bajar la impunidad, desarticular bandas criminales, darle mayor fuerza a las víctimas, reforzar el brazo del Estado que actúa por el ciudadano. A pesar de que parezca discurso de campaña política, se trata de las metas que se trazó el Gobierno cuando decidió reformar la Fiscalía y la Defensoría. Y aunque hay un avance, falta mucho para que en Colombia cambie el sistema.
En un equipo con tres cabezas, el presidente Juan Manuel Santos, el fiscal General Eduardo Montealgre y el defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, idearon una reforma a las instituciones para tratar de corregir los defectos del sistema desde que se creó con la Constitución de 1991.
Para todos ellos, se trata de lo que el país necesitaba. En particular, el presidente Santos, al abordar las bondades de los decretos que firmó, indicó que la reestructuración del ente acusador, "ataca tal vez uno de los eslabones más débiles de esa cadena de la lucha contra la impunidad y a favor de la seguridad de los colombianos".
"Esta reforma le va a dar esos instrumentos para poder cambiar esa doctrina y enfocar la investigación contra los grupos criminales organizados; contra las estructuras más que contra los individuos en particular", agregó el mandatario.
En el caso de la Defensoría, los cambios para el Gobierno se dan en lo que tiene que ver con la atención a las víctimas por parte de la Unidad de Víctimas. Esto, a través del fortalecimiento de las defensorías regionales, que son las que más trabajan a diario por la garantía de los derechos de las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. La idea es crear unos 860 cargos nuevos.
Al respecto, el defensor Otálora aseguró que todos los afectados por el conflicto van a seguir demandando la atención del Gobierno Nacional. "Es un proceso muy importante porque la Defensoría tiene que llevar a cabo el acompañamiento y, en muchos casos, la representación de cada una de las víctimas ante las distintas instituciones del Estado. El 95 por ciento de la reestructuración se encaminará a fortalecer las diferentes regionales del país".
¿FALTÓ TECNOLOGÍA?
En general, se trata de dos instituciones que sí necesitaban reforma. Incluso, en su momento este diario mostró las difíciles condiciones en que se encontraban los defensores en varias zonas del país.
En cuanto a la Fiscalía se refiere, en su momento se llamó la atención por la dificultad que tienen los fiscales e investigadores por atender varios casos al mismo tiempo y la poca disponibilidad de cuerpo técnico, lo que hacía su tarea, una cuestión casi imposible.
Para eso fue que la reforma del ente acusador incluyó un aumento de nómina considerable, se espera que al cabo de tres años se hayan incorporado 3.500 funcionarios más a la Fiscalía, según cifras de Asonal Judicial.
Cuestión que el presidente del sindicato del sistema judicial, Luis Fernando Otálvaro, ve como un gran paso en pro de la mejora por las condiciones en las que la Fiscalía cumple con su deber.
Pero como se trata de un aumento bastante sustancial, el fantasma de la burocracia exagerada en el Estado aparece como una posibilidad que el país tendrá que sortear para que se cumpla con los objetivos de la reforma.
Lo que más preocupa al exvicefiscal General Francisco José Sintura de este asunto de los cargos, es que "porcentualmente significa un aumento del 10 por ciento en la nómina actual, que es un crecimiento exponencial en el área de fiscales, pero no de investigadores, no de personal científico. Es una reforma que apunta a reforzar el CTI, pero crece demasiado en burocracia. La reforma se debió haber enfocado en reforzar la prueba técnica, porque seguimos fortaleciendo otras áreas distintas y no aumentando la capacidad tecnológica de un ente que necesita herramientas para su labor diaria"
NO APLICARÁ DE INMEDIATO
Las reformas que expidió el Gobierno sobre la Defensoría y la Fiscalía tomarán tiempo para que se sientan en el diario desempeño de estas instituciones y su atención a la ciudadanía.
En el tema de nómina, la Fiscalía podrá ingresar, de los 3.500 nuevos cargos, el 28 por ciento este año, el próximo un 36 por ciento y en el 2016 el porcentaje restante. Para la Defensoría el ingreso de su nuevo personal se hará el 24 por ciento este año, el 35 el siguiente y el 41 por ciento que queda en el 2016.
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