Fiscalía y Procuraduría chocan por información sobre violencia sexual

19 de agosto de 2015 12:39 PM

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El fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó a sus subalternos que se abstengan de entregar a la Procuraduría General una información solicitada en días pasados para el Sistema de Vigilancia Superior a la Garantía de los Derechos de las Víctimas de la Violencia Sexual que maneja el Ministerio Público. 

Se trata de una petición que formuló la Procuradora Delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos, en la que solicita a varios fiscales y funcionarios que ingresen al sistema (www.vigilanciasuperiorprocuraduria.org), se registren y diligencien el instrumento de recolección de información en 15 días. 

Allí se advierte que de no hacerlo podrían incurrir los funcionarios en falta disciplinaria y se indica que no es necesario comunicar de ese oficio a un superior jerárquico. 

Ante eso, el Fiscal Montealegre dijo que la entidad a su cargo precisamente es jerárquica y que la abstención de enviar la información tiene como “finalidad evitar una sobrecarga de trabajo para los fiscales y funcionarios de la entidad”. 

“Además, busca garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas en procesos penales, así como evitar injerencias externas que entorpezcan las labores que son propias de la Fiscalía, especialmente cuando pueden poner en riesgo los resultados de las investigaciones y los derechos de las víctimas”, señaló el Fiscal. 

Igualmente, se reseña que la información específica sobre procesos judiciales solo puede ser solicitada por la Procuraduría en procesos en los cuáles actúe como “sujeto especial” y en las etapas procesales indicadas por la Ley. 

“Con el fin de salvaguardar el derecho a la intimidad, especialmente cuando se trata de víctimas de violencia sexual, no es procedente que la Procuraduría solicite información específica que esté contenida en los sistemas de información misionales”, agregó. 

El Fiscal además señaló que la Procuraduría no tiene competencia para disciplinar a fiscales o a funcionarios de la Fiscalía tras la reforma de Equilibrio de Poderes que señala que es la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la encargada para esto. 

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