El más reciente informe de la Fundación para la libertad de Prensa (Flip), denominado ‘Estado Depredador’, reveló que el año pasado se registraron 310 casos de ataques a la prensa, el mayor número de agresiones desde 2006, señalando como principal agresor al propio Estado.
De acuerdo con Pedro Vaca, director ejecutivo de la Flip, en el país se presentaron 129 amenazas a periodistas en el desarrollo de su profesión, lo que podría explicarse desde dos patrones.
El primero, según explica Vaca, se da luego de una larga trayectoria de violencia contra la prensa, con varias obstrucciones al trabajo periodístico, casos como el asesinato de una periodista en el departamento del Cauca, en el cubrimiento de manifestaciones sociales, el secuestro de unos periodistas en el Catatumbo por parte del ELN y el decomiso de material periodístico y amenazas por parte del Clan del Golfo en distintas regiones del país.
La Fundación señaló que las modalidades de ataque contra comunicadores están cambiando y se ha visto un aumento en el número de denuncias por delitos de calumnia e injuria, así como solicitudes a millonarias indemnizaciones contra medios de comunicación por daños al buen nombre.
Para el director de la Flip, la otra tendencia que identificaron se enmarcar en agresiones que provienen de funcionarios públicos, pertenecientes al poder judicial, ejecutivo y legislativo.
“Muchos funcionarios no contribuyen a la libertad de prensa y que en cambio se convierten en acciones de censura, eso es algo que nos preocupa", dijo Vaca, quien resaltó los casos más polémicos del año pasado en los que se encuentra el de Noticias Uno.
"Un funcionario del congreso simuló que había sido agredido por el camarógrafo de ese noticiero y no solo fue eso algo grave, sino que fue aprovechado el episodio como ficticio por parte de 10 senadores para atacar a la prensa", recordó el director.
Así mismo, hizo mención al episodio de Álvaro Uribe asignando delitos a Daniel Samper Ospina y la solicitud del poder Judicial a Publicaciones Semana para que revelara sus fuentes, por lo que afirmó que lo anterior les permitió llegar a la conclusión de que la prensa está ante un "Estado depredador, algo que no se debería permitir en la democracia".
Según la Flip, para 2017 el 52,7 % de las amenazas a periodistas provinieron de desconocidos, el 20,1 % corresponde a particulares, el 7,7 % por parte de paramilitares, el 6,2 % a bandas criminales, el 5,4 % a funcionarios públicos y la guerrilla, el 1,5 % a la Fuerza Pública y el 0,7 % por delincuencia común.
La Flip destaca que una de las agresiones más frecuentes durante 2017 fue la estigmatización, registrando 29 casos, frente a 17 reportados en 2016. Acá revela que este tipo de señalamientos vienen del 82,7 % de funcionarios públicos.
El informe sostiene que la autoridad policial también ha sido un factor determinante para silenciar el papel de la prensa. “Durante 2017 la FLIP registró 27 casos de agresiones contra reporteros por parte de uniformados del Ejército y la Policía”. Sin embargo, destaca que en los últimos cuatro años se disminuyeron el número de agresiones por parte de la Fuerza Pública.
En el panorama nacional, Bogotá es la región en la que más se presentan ataques a la prensa con 76 casos, seguidos de Antioquia y Valle del Cauca, cada uno con 27; Cauca, con 21; y Tolima, con 13. Sin embargo, el informe resaltó que en la Amazonas, Vichada y Vaupés no se reportó una cantidad notable de amenazas.
El informe también señaló que actualmente 144 periodistas en el país cuentan con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
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