La Contraloría General de la República aseguró que la fuga de dos presos de la cárcel de máxima de seguridad La Picota en Bogotá, el pasado sábado, evidencia las fallas que se han detectado en las auditorías realizadas al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
"De acuerdo a los hechos hasta ahora conocidos, parte de las circunstancias que facilitaron la evasión denunciada, se relacionan con el insuficiente personal de custodia y vigilancia a cargo del pabellón donde se evidenciaron las ausencias, luego del conteo respectivo", explicó la Contraloría.
El ente de control evidenció que el gran número de permisos sindicales que se conceden al personal de custodia y vigilancia están afectando la seguridad carcelaria en el país.
"Inicialmente la auditoría revelada en diciembre de 2016 puso de manifiesto que los permisos sindicales concedidos por el Inpec en 2015 totalizaron hasta 39.000 días en un año, lo que equivale a permisos sindicales por más de 110 años. De estos, el 85 % de los permisos sindicales concedidos en dicha vigencia, correspondieron a personal de custodia y vigilancia", manifestó.
Para la Contraloría lo más grave es que estos permisos autorizados se han mantenido, ya que en 2016 se registraron 40.079 (112 años) y para 2017 fueron 31.397 (88 años), los cuales beneficiaron al personal vinculado a 78 sindicatos que se encuentran constituidos en su mayoría (85 %) por guardias del cuerpo de custodia y vigilancia, por lo que se estaría afectando la seguridad de los establecimientos carcelarios.
Esta falta de personal, según el ente de control, también afecta la integridad de los pocos uniformados, los cuales deben velar por la seguridad de muchos reclusos. Asimismo, con los derechos de los internos, debido a la imposibilidad de cumplir con citas médicas o judiciales, y también con las labores de seguimiento a las medidas de detención preventiva y penas privativas de la libertad
extramurales, impidiendo una reacción oportuna en contra de los infractores.
Según cifras del Inpec, a febrero de 2018 hay 3650 funcionarios aforados, de los 8640 afiliados a los sindicatos y la Federación Sindical.
Finalmente el ente de control señaló que en la última auditoría realizada al Inpec se establecieron 33 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tuvieron presunta connotación disciplinaria y motivaron el inicio de una indagación preliminar a la entidad.
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