El Gobierno Nacional y las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República siguen buscando alternativas frente a la reforma tributaria o ley de financiamiento, con la que se espera cubrir el déficit de 14 billones de pesos del Presupuesto General de la Nación del 2019.
Este miércoles se realizó una audiencia pública, en donde se escucharon a los diferentes sectores económicos del país, quienes se encuentran divididos frente a las propuestas del Gobierno Nacional.
Aunque los gremios tienen distintas posiciones, reconocieron la necesidad que tiene el Gobierno de cubrir el déficit, por lo que hicieron un llamado para encontrar alternativas que no generen impacto en los diferentes actores económicos y sociales del país.
En las últimas semanas se han venido conociendo algunas alternativas para buscar los recursos faltantes como dejar el IVA del 19 %, siguiendo con la exclusión de los productos básicos de la canasta familiar, pero colocando el gravamen a productos considerados de lujo, además de propuestas como gravar las remesas y las utilidades de las compañías, entre otras.
El senador del Centro Democrático, Fernando Araújo, indicó que el gobierno y las bancadas representadas en los ponentes han hecho un trabajo rigoroso de revisar más de 25 opciones para reemplazar el IVA a la canasta básica familiar y buscar el recaudo para el déficit de 14 billones de pesos.
“De estas 25 alternativas, seis fueron descartadas porque estaban repetidas, siete fueron descartadas porque no tienen un impacto financiero o porque requieren la modificación de una ley distinta a la de financiamiento. Entonces nos quedaron doce y de estas fueron acogidas 5 o 6 y las demás están siendo revisadas, pero en las que fueron acogidas hay alrededor de 5,5 billones de pesos de recaudo, con lo que nos faltaría buscar alternativas para los más de 8 billones faltantes”, explicó Araújo.
El senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, reconoció que han habido unos avances importantes para buscar los recursos faltantes, pero indicó que el tema del IVA ha sido el más controversial y el que más discusión ha tenido en las reuniones que se han adelantado en las últimos días con el Ministerio de Hacienda.
“Existe una unanimidad por parte de los congresistas en relación a no gravar la canasta familiar, porque eso no se va a permitir, sin embargo, como nos hemos centrado mucho en el tema del IVA no nos habíamos percatado que hay bienes que forman parte de la canasta que van a ser gravados y esto sería catastrófico. Por ejemplo, con los servicios funerarios, o que se propongan otorgar una renta de cero por ciento a 10 años para el sector agropecuario pero se esté gravando con 19 % los insumos, abonos, tractores, afectando a los productores”, indicó Aguilar.
Frente a las alternativas que podría existir, el senador de Cambio Radical indicó que se ha mirado la posibilidad de gravar algunos productos de la canasta familiar considerados como de lujo como los vinos, los camarones y productos procesados, que en la actualidad tienen un gravamen de 5 % y pasarían a una tarifa del 19 %.
“Satisfactoriamente hemos avanzado en unas proposiciones con las que podríamos conseguir 1,8 billones de pesos, como dejar la tarifa del 19 % e imponerla a algunos productos de la canasta familiar, lo que nos representa 2,5 billones de pesos para 2019. En impuesto de renta para las personas naturales tendríamos 3,3 billones; con las remesas y dividendos 820.000 millones de pesos; con la normalización tributaria 2 billones y con la gestión de la Dian y del Gobierno, con su plan de austeridad, se sumarían 1,2 billones”, explicó Aguilar.
Sin embargo, el congresista del Centro Democrático indicó que todas las propuestas que se vienen haciendo son valiosas para la discusión, pero lo importante es concentrarse en conseguir los recursos faltantes con una sostenibilidad fiscal.
“Creo que se están agotando las alternativas y si no se consiguen esos 8 billones de pesos el efecto legal y constitucional es que el Gobierno tendría que reducir la inversión social. Seguiremos reuniéndonos para evaluar las mejores opciones, pero lo claro es que no podemos afectar los bolsillos de los más vulnerables y de la clase media, ni la competitividad necesaria para generar empleo formal”, indicó Araújo.
De acuerdo con los congresistas, aún no se han evaluado las rentas de las personas jurídicas, el impuesto al patrimonio, los cuales pueden representar recursos adicionales.
“Tenemos hasta el 16 de diciembre, pero mi propuesta es que no corramos porque la idea es avanzar en una alternativa posible. En estos días hemos encontrado imprecisiones, aspectos que no van a incentivar la generación de empleo y venimos escuchando a los gremios que tienen varias preocupaciones”, explicó Aguilar.
GREMIOS SENTARON SUS POSTURAS
Los gremios relacionados con los alimentos fueron los que rechazaron tajantemente la propuesta de extender el IVA a la canasta familiar. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Jorge Enrique Bedoya, reiteró que no están de acuerdo con esa iniciativa, porque golpea a las clases bajas y de ingresos medios, así como a los productores del país.
“Los productores y los ciudadanos tienen una gran preocupación sobre lo que puede generar esta reforma tributaria en el consumo y en los costos de producción. Vemos que se está abriendo un camino para no gravar la canasta familiar, pero hay una gran diferencia entre el régimen de excluidos y el de exentos. Para el país la mejor alternativa es extender el régimen de exentos a todos los alimentos, porque si nos vamos con el cuento de excluirlos del IVA, pero tenemos una tarifa general del 19 % a los insumos, los fertilizantes, entre otros, ese gravamen representará un mayor costo para el productor y se trasladará al consumidor”, indicó Bedoya.
El dirigente gremial indicó que el llamado es a que no solo se piense en los 2,7 millones de productores del campo sino en los 5,8 millones de hogares que no se están viendo beneficiados por el mecanismo de devolución propuesto por el Gobierno y que gastan más de 600.000 pesos en comida.
Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Pedro Marún, indicó que son muchos aspectos positivos que tiene la propuesta del Gobierno, pero es necesario llegar a un consenso final entre todos para buscar una alternativa que sea la más conveniente para el país, las finanzas públicas y para los sectores afectados dentro de la ley de financiamiento.
El representante de los comerciantes indicó que valoran el cambio de monotributo al régimen simple, porque puede tener éxito y contribuye para la formalización del sector. No obstante, rechazó la propuesta que ha venido sonando en los últimos días de gravar las bebidas azucaradas.
“Fenalco se opone absolutamente a que haya un incremento en los impuestos a las bebidas azucaradas, porque esto golpearía a los tenderos del país, que suman más de 720.000 pesos en sus ingresos promedio. De acuerdo con un estudio realizado, los ingresos promedio son de 832.000 pesos y cualquier impuesto que se coloque a las bebidas azucaradas y a los licores reduciría esos ingresos a 682.000 pesos”, indicó Marún.
Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, resaltó algunos aspectos positivos que permitirán ayudar al país a retomar los niveles de crecimiento potencial de la economía y la generación de empleo formal. No obstante, indicó que dentro de la propuesta hay unas preocupaciones como, por ejemplo, el tema de vivienda y la inclusión financiera.
“Sabemos que se tienen que conseguir los recursos, pero nos preocupa el tema de la financiación de la vivienda, porque algunas propuestas de la reforma pueden ir en contravía de lograr el objetivo de tener una mayor oferta para los sectores de Vivienda de Interés Social y de Interés Prioritario, dado que se afectan los mecanismos mediante los cuales se promueve y financian”, indicó Castro.
Comentarios ()