Gustavo Petro se defiende y espera que revoquen su destitución

05 de abril de 2016 12:16 PM

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El exalcalde de Bogotá Gustavo Petro Urrego le solicitó al Consejo de Estado que revoque la sanción de destitución e inhablidad por 15 años para ejercer cargos públicos que le impuso la Procuraduría General de la Nación en diciembre de 2013.

En su exposición, Petro defendió el programa 'Basura Cero' y estimó que no restringió la libre competencia porque esa posición no tiene en cuenta la orden de inclusión de la población recicladora que ordenó la Corte Constitucional.

"Lo que hicimos fue garantizar un mecanismo financiero de remuneración para los recicladores. La tesis de que yo incurrí en dolo porque conocía de una ilíctud no es cierta", dijo.

En la diligencia judicial, el abogado de Petro, Iván Acuña, aseguró que dicho fallo se tomó sin pruebas suficientes, que no incurrió en faltas disciplinarias y que todo se trató de un "saboteo" a las políticas públicas tomadas por el exmandatario relacionadas con el cambio de esquema de recolección de basuras de Bogotá.

De acuerdo con Acuña, en la ciudad se dejaron de recoger las basuras en una supuesta operación denominada 'Mordisqueo' que consistía en recoger solo la mitad de la basura para sabotear el programa, hecho que habría sido sustentado "por los operadores privados".

"Los vehículos compactadores recolectores de basura fueron trasladados más allá del perímetro urbano de Bogotá, específicamente a la población de Mosquera y Funza para que perdiera jurisdicción policiva de Bogotá", dijo Acuña.

En ese sentido, el abogado insistió en que antes la posición de Petro como Alcalde "se había fraguado un complot en su contra para sabotear el plan de esquema de basuras".

Por su parte, el representante de la Procuraduría (como parte demandada) estimó que haber sido elegido popularmente no implica inmunidad de Petro a una sanción disciplinaria como ejecutor de políticas públicas y, en ese sentido, solicitó que se mantenga la destitución.

Además aseguró que fue Petro quien determinó diversas actuaciones para que se vulneraran los principios de la función póblica "porque le entregó un servicio público a una empresa que no tenía la capacidad para hacerlo: Aguas de Bogotá".

"A Petro se le advirtió no una sino muchas veces que la empresa Aguas de Bogotá no tenía la capacidad", señaló el delegado de la Procuraduría Manuel Marín.

Además, estimó que se vulneró la libertad de empresa con las determinaciones administrativas del Alcalde, así como la función pública y hubo dolo por parte de Petro por haber sido advertido por varias entidades que no podía hacer dicho cambio de esquema.

"La conducta reprochable es el riesgo al medio ambiente pues el Decreto firmado por el Alcalde decidió que era posible recoger con volquetas y eso contraría las normas en el caso concreto de Bogotá", aseguró.

En este tipo de procesos hay delegados del Ministerio Público como tercero entre el demandante y el demandado, por lo que en este caso intervino un delegado de la Procuraduría como parte demandada y otro más como Ministerio Público.

Ese delegado consideró que el Consejo de Estado debe mantener la sanción en su contra.

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