La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas, aseguró que las madres comunitarias continúan gozando de todos los derechos, pese a que se haya objetado una ley que ordenaba su contratación. A la vez que manifestó que esa ley hubiera quebrado al ICBF.
“El proyecto de ley no habla de formalización. Lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente por el ICBF, es decir, que se conviertan en servidoras públicas y esto quiere decir que se creen 64.000 nuevos puestos en la planta de personal, lo que le costaría al Instituto más de 800.000 millones de pesos. Con estos recursos atenderíamos a más de 400.000 niños”, sostuvo.
Recordó igualmente que las madres comunitarias cuentan con otros beneficios que no se verán afectados con la objeción del proyecto, entre ellos el acceso preferencial para el subsidio de vivienda en la modalidad de compra de inmueble nuevo o mejoras y préstamos en el Fondo Nacional del Ahorro con una antigüedad de tan solo seis meses, mientras que para el resto de colombianos es de mínimo un año. Así mismo, sus inmuebles son categorizados en servicios públicos como estrato uno.
Al referirse a la sentencia T-480 de 2016 que ordenó el pago de las prestaciones a 106 madres comunitarias, la Directora General del ICBF manifestó que la Entidad le pidió a la Corte Constitucional ampliar el plazo para el cumplimiento del fallo, porque se debe realizar una búsqueda de información que no depende únicamente del Instituto, sino de muchas entidades públicas y privadas. Reiteró que el ICBF está trabajando para cumplir con el fallo.
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