Sobre las 10:00 de la noche de este jueves se anunció un acuerdo entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las madres comunitarias, con el que se le da fin al paro adelantado por las trabajadoras desde hace cerca de 12 días.
Los acuerdos buscan garantizar derechos laborales para más de 58.000 madres comunitarias que atienden a 750 mil niños y niñas menores de cinco años de población vulnerable en todo el país.
“Reconozco la labor de las madres comunitarias, quienes son fundamentales para el cuidado de nuestros niños y niñas, por esto este acuerdo le apunta a brindar mayores garantías laborales a ellas, y con su apoyo y veeduría permanente, garantizar atención de la mayor calidad como la que merecen todos nuestros niños”, afirmó la directora General del ICBF, Cristina Plazas.
Entre los puntos de acuerdo más importantes a los que se llegaron se destaca en materia laboral, que el ICBF garantizará en los contratos de aportes con las Empresas Administradoras de Servicios (EAS) la obligación de contratar a las madres comunitarias actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 2016. Así mismo se celebrarán contratos de aporte con las EAS con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el mes de julio de 2018.
Es de señalar que para ser contratadas las madres comunitarias deben cumplir las obligaciones contractuales y las establecidas en el lineamiento técnico del programa. Así mismo, la vinculación laboral de las madres comunitarias se dará directamente con las EAS no con el ICBF.
Por su parte, el viceministro de Relaciones Laborales, Enrique Borda Villegas señaló “De esta negociación sale un escenario de formalización laboral y mejor relacionamiento sindical, que nos va a permitir construir un mejor ICBF en beneficio de los niños”.
De igual manera se instalarán mesas técnicas para la revisión caso a caso del pago de las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de enero del año 2016.
La Mesa Interinstitucional de Seguimiento, integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, ICBF y un delegado de Sintracihobi, realizará seguimiento a los casos de las madres comunitarias especialmente vulnerables por sus condiciones de salud y que les impida la continuidad en el empleo, con el fin de establecer las acciones correspondientes.
De otra parte, la Comisión Accidental del Senado de la República presentará un proyecto de Ley, con el aval del Gobierno Nacional, para garantizar la Seguridad Social en materia pensional de las madres comunitarias, con especial énfasis en aquellas que hayan superado la edad de pensión, al igual que quienes tengan problemas de salud. Las madres comunitarias mantendrán los derechos laborales y sindicales.
En materia nutricional los acuerdos contemplan el establecimiento de mesas de trabajo por centro zonal, integradas por madres comunitarias y equipos nutricionistas del ICBF, para concertar la derivación de menús de manera diferencial, respetando la minuta patrón. Dichas mesas, revisarán también los procedimientos para la entrega de alimentos por parte de la Empresas Administradoras de Servicios (EAS) a las Unidades de Servicio, buscando garantizar cantidad y calidad apropiadas.
En este mismo sentido, el Instituto adelantará acciones para mejorar la calidad de los alimentos suministrados mediante mecanismos como verificación de registro de proveedores de alimentos y cumplimiento de las condiciones de calidad, sanitarias y en las cantidades establecidas en la minuta.
El ICBF garantizará que el aporte calórico que se entrega a los niños sea realmente el equivalente al 70 % de los requerimientos por grupos de edad, implementando estrategias de supervisión y seguimiento. En casos en los que se identifiquen alertas de malnutrición.
Asimismo el ICBF presentará un estimado del presupuesto requerido para unificar el aporte nutricional del Programa FAMI hasta el 70 por ciento, presupuesto que será insumo para la gestión de los recursos.
Igualmente, se anunció que adelantará un estudio de costos para establecer el valor real de las raciones, de tal forma que el valor adicional de la canasta que resulta del mismo será financiado por el ICBF previa solicitud de recursos al DNP y al Ministerio de Hacienda.
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