Las protestas que se vienen adelantando en buena parte del país por sectores agrarios, así como por organizaciones de transportadores, de mineros, de estudiantes, de maestros y de otras actividades urbanas y rurales, para muchos son legítimas en su origen, pero constituyen un tinglado en el que están midiendo fuerzas importantes tendencias políticas e ideológicas y del que también sacan tajada los vándalos que aprovechan (o estimulan) cualquier situación de desorden.
Así, las protestas callejeras que se están viviendo obedecen a intereses que se relacionan con las justas reivindicaciones de los campesinos, pero también con otra gama de actores, cuyos objetivos van desde llenar la bolsa con objetos robados en una vitrina destrozada hasta desequilibrar la correlación de fuerzas en la mesa de negociación en La Habana.
La compleja situación constituye un verdadero caldo de cultivo que, de no ser controlado, puede conducir a una explosión social en la que todas las partes involucradas querrán lograr sus intereses de manera cada vez más violenta. Para los organismos de inteligencia del Estado, el propósito último de las marchas es llegar a la ejecución de un paro cívico nacional.
A algunos investigadores les llama la atención la forma como se presentan las protestas. Para ellos la manera en que los manifestantes adelantan sus actividades revela si se trata de marchas infiltradas por grupos subversivos o si son verdaderamente reclamos campesinos. En ese sentido destacan que lo que pasa en el altiplano cundi-boyacense o en las poblaciones de Nariño sí es legítimamente campesino.
Ellos están seguros, en cambio, de que el uso en las marchas de bombas molotov, escudos de lata, tatucos, armas corto-contundentes, cocteles de gasolina con metralla y otras armas hechizas no convencionales, así como el uso de violencia desmedida contra el Esmad, son signos de que se trata de infiltraciones de grupos guerrilleros.
Evidencias de esa infiltración la han encontrado las autoridades, incluso con panfletos alusivos a las Farc en manifestaciones en Putumayo (Frente 48), Caquetá (Frente 14 y columna 'Teófilo Forero'), Guaviare (Frente 7), Cauca (Frente 6), Nariño (Frente 29 y columna 'Daniel Aldana'), Catatumbo y Arauca. También han encontrado evidencias en las protestas relacionadas con el paro minero en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Bolívar.
"Los subversivos les exigen a los campesinos que no salgan a marchar entre 50 y cien mil pesos, y a los finqueros o dueños de tierras que no lo hagan, una cifra mayor", dijo un agente de inteligencia. "Pero el fin último es sembrar ingobernabilidad, incomunicación. Su objetivo es llegar a un paro cívico nacional".
"Ante el desequilibrio militar y el desbalance estratégico en que están las Farc, vienen acentuando una táctica que está en el ADN de esa guerrilla: la combinación de todas las formas de lucha, y necesitan evidenciar que pueden realizar grandes movimientos de masas", agregó el investigador.
Pero no solo las secciones de inteligencia de las Fuerzas Armadas han planteado esa situación. Representantes de diferentes sectores de la sociedad, y desde prismas políticos diferentes, también apuntan a la misma conclusión sobre las fuerzas que están detrás de las protestas violentas. Algunos de ellos, principalmente el Gobierno, responsabilizan al movimiento Marcha Patriótica.
Para el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, el Gobierno ha evidenciado tres componentes en los desmanes recientes: uno de campesinos que tienen razones legitimas para protestar, otro de estudiantes "y un componente de vándalos que tienen intereses oscuros de las Farc. Haciendo hechos de violencia inaceptables y presionando a campesinos para que no haya acuerdos de ninguna especie".
Por su parte el cardenal Rubén Salazar, presidente de la Conferencia Episcopal, se quejó de que en algunas zonas del país obligan a los campesinos a marchar: "Tengo noticias concretas de que en algunas regiones del país se les está obligando. Si no sale la persona al paro, sufre consecuencias. Incluso, obligan a pagar una especie de multa por no salir al paro y a otros se les está pagando para salir", dijo.
El prelado también se refirió a los actos de vandalismo: "En su protesta en varias regiones del país no puede llegar esto al vandalismo, a la ruptura de vitrinas y asalto a alcaldías", dijo Salazar, y agregó que hay que "separar de sus justas demandas a todos los elementos que sencillamente quieren desestabilizar el país".
Hasta el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, advirtió que las manifestaciones violentas que han tenido lugar en la capital en los últimos días obedecen a un fin marcadamente político relacionado con el conflicto. Para él los disturbios fueron premeditados y obedecieron a distintos intereses. "Hay quienes quieren desestabilizar y debilitar al gobierno de Santos para aumentar el poder de negociación en La Habana", advirtió.
El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, llamó la atención sobre el hecho de que los actos violentos son ejecutados por actores distintos a los que originalmente quieren reivindicar sus derechos. "No tenemos duda y en eso coincidimos todos: esto no es un campesino, esto no es un sindicalista, esto no es un defensor de derechos humanos. ¿Quién es el que está detrás del que actúa de esta manera tan violenta, no solamente contra la Policía, sino contra instalaciones?", se preguntó el oficial.
Desde una perspectiva sociológica, Fabián Sanabria, director del Instituto de Antropología e Historia de la Universidad Nacional, aseguró que es difícil encontrar una marcha en donde no haya infiltrados. "Si los hay en la Nacional, en donde muchos encapuchados son infiltrados de la guerrilla, pues cómo no decirlo aquí. Hay infiltrados, pero no solamente de extrema izquierda, sino también de extrema derecha, que coinciden en el fundamentalismo", explicó.
También aseguró que cuando hay reformas y tratados de libre comercio hay que examinarlos. "En este caso, ante todo, hay un proceso de paz y hay que saber que hay muchos interesados en que el proceso fracase, porque su gran negocio es la guerra. Creo que la gran apuesta del presidente Santos es la paz, la reconciliación y también el campo. Esa restitución de tierras tocó muchos intereses y ahora quieren echarles al Gobierno a todos los campesinos. Hay reclamaciones justas, pero también hay instrumentalizaciones políticas", sostuvo.
Ante los señalamientos de que viene siendo objeto Marcha Patriótica, su vocera, la exsenadora Piedad Córdoba, dijo que ese movimiento "rechaza enfáticamente" cualquier hecho de violencia, cualquier hecho de vandalismo que se haya dado dentro de una movilización pacífica en la cual Marcha Patriótica, al igual que otros movimientos y organizaciones del país han participado y acompañado.
Aseguró, además, que Marcha Patriótica tiene conocimiento de que se están utilizando personas desmovilizadas de las AUC en algunos sectores del país que han estado señalando a la Marcha Patriótica, haciendo vandalismo y tratando de utilizar las banderas de ese movimiento.
"Queremos que se haga una investigación exhaustiva al respecto y estamos dispuestos a contribuir en cualquier investigación que permita señalar quiénes son realmente los que están generando el caos, la confusión que lleva de manera irresponsable a señalar a un movimiento que está lleno de campesinos, estudiantes y jóvenes", añadió Córdoba.
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