Luego de que la Corte Constitucional le ordenara al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que capacite a sus funcionarios sobre los derechos de las personas reclusas en el país que sean portadores de VIH sida. El general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, director de la institución aseguró que respeta la decisión del alto tribunal y cumplirá lo ordenado.
La tutela fallada por la Corte evidenció un trato discriminatorio por parte de las directivas de la cárcel El Bosque de Barranquilla en cuanto a un interno con dicha enfermedad, pues se conoció que lo trasladaron sin motivación real, a la cárcel La Vega de Sincelejo.
La Corte en este caso encontró que se vulneró el principio de no discriminación por parte de las directivas del penal quienes argumentaban que en repetidas ocasiones el recluso amenazaba con contagiar a otros reclusos con una jeringa.
El general agregó que en la población vulnerable de las cárceles no solo están los enfermos de VIH, sino también los reclusos que tienen tratamientos por tuberculosis y enfermedades renales, entre otras de alto costo y tratamiento específico.
“Para el caso particular del VIH ya tenemos unos protocolos y ordenes claras. El Inpec trabaja con Caprecom y con la unidad penitenciaria que son los encargados de apoyarnos con la salud de los internos. Además, los tratamientos especiales son respaldados por las secretarias y el ministerio de salud”, agregó Ricaurte.
El general explicó además que al menos 815 internos en todo el país hacen parte de este tipo de población de enfermedades especiales, y aproximadamente 420 serían los internos con VIH.
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