La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó las pruebas que en la Fiscalía y en el Ministerio de Relaciones Exteriores se tengan en el caso de Seuxis Paucias Hernández Solarte, el exguerrillero de las Farc detenido en La Picota y a quien se conoce como Jesús Santrich. De acuerdo con el organismo, las evidencias se hacen necesarias para que se “evite la arbitrariedad y el derecho al debido proceso”.
Al ente acusador le solicitó los audios de las interceptaciones de comunicaciones que están en el expediente contra Marlon Marín Marín, el sobrino de Iván Márquez que se ve junto a Santrich en la famosa grabación que sería la evidencia de que entre ambos estarían concertando el envío de un cargamento de cocaína a los Estados Unidos.
“La Sección solicitó al Fiscal General de la Nación que en el término de cinco (5) días, contado a partir de la notificación de la decisión, aporte de manera legal los aludidos audios originales o, en su defecto, la copia espejo, para lo cual debería adjuntar la orden impartida por el Fiscal Delegado para la interceptación de comunicaciones, así como el acta o registro de las audiencias de control de legalidad”, explica la JEP.
El caso Santrich ha sido uno de los temas más álgidos de los Acuerdos de Paz, al punto de que puede ser extraditado a los Estados Unidos para que responda ante una Corte por delitos relacionados con el narcotráfico, toda vez que los hechos por los que lo investigan ocurrieron después de la firma del acuerdo.
Según la JEP, la solicitud de las evidencias se hace partiendo de que “el nuevo texto constitucional le exige que en eventos en los que se 'alegue' que la conducta se cometió luego de la firma del Acuerdo Final, 'evalúe la conducta'.
En ese orden de ideas, el Tribunal para la Paz argumenta que en el evento de darse la comparecencia de Santrich ante un despacho judicial extranjero, los principios pactados en los Acuerdos se pueden ver comprometidos.
“La decisión tendrá implicaciones en la salvaguarda del proceso de paz, al verse comprometida su aportación a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición, así como la seguridad jurídica de solicitantes”, explicó la JEP.
A la Cancillería la requirió para que allegue las evidencias que soportan el pedido de extradición por parte de la justicia estadounidense.
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