Más rápido de lo que se pudiera esperar, el segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos generó controversias, por lo que muchos consideran los primeros incumplimientos de las promesas de campaña, así como por los reversazos que ha tenido que dar en distintos temas, cuando apenas lleva 40 días de gobierno.
Aunque Santos intenta mantener como referentes en sus discursos y en los de sus ministros a la paz, la equidad y la educación, que son los principales objetivos del que llama su segundo tiempo, la atención se la han llevado sus cambios de posturas en temas como la elección del contralor general, la renovación del impuesto al patrimonio y la posible ampliación del mandato de alcaldes y gobernadores.
Una dura pelea política con el expresidente César Gaviria Trujillo, su jefe de campaña, fue el primer gran impase que tuvo que enfrentar el presidente Santos. Ocurrió debido a la elección del procurador general de la República, en la que había dicho no se metería, pero para la que finalmente alineó a las bancadas de los partidos de la Unidad Nacional, tras su candidato, Edgardo Maya Villazón y no por Gilberto Rondón, aspirante que promovía Gaviria.
Fueron dos semanas que Santos dedicó a la tarea de ganar esa elección, empeño que hizo poner en duda la toma de posesión de Simón Gaviria, el hijo del expresidente, como jefe de Planeación Nacional.
Para el senador del Centro Democrático Jaime Amín, esa fue una clara intromisión de Santos en la independencia de los poderes. Santos había dicho al jefe del liberalismo que no se metería en la votación; al final al candidato que apoyaba Gaviria solo lo votó el uribismo.
REFORMA SIN EQUILIBRIO
En la campaña el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a que una de las primeras reformas que llevaría al Congreso sería la del equilibrio de poderes, en la que incluiría la eliminación del voto preferente, el regreso a un Senado de conformación regional, la ampliación del mandato presidencial, pero eliminando la reelección y la unificación de ese periodo con el de los alcaldes y gobernadores, que podrían ser reelegidos.
Ya elegido, poco de eso se llevó al texto, pues, explicó Santos, de haberla presentado así estaría promoviendo una mini constituyente, por la necesidad de reformar muchos artículos de la Constitución. De lo propuesto sólo quedó igual la prohibición de la reelección presidencial y el fin del voto preferente. El periodo del jefe de Estado no se tocó; la conformación del Senado regional quedó en abrir paso a que los once departamentos que no tienen senador puedan escoger uno cada uno; la promesa a los alcaldes y gobernadores tampoco se cumplió, porque sin reelección para el presidente, tampoco habría para los demás funcionarios públicos, excepto congresistas.
Los mandatarios municipales, representados por sus dos gremios: la Federación Nacional de Municipios y la Asociación de Ciudades Capitales, rechazaron esa situación. Santos rectificó en reunión con el segundo de esos grupos, cuando dijo que habría una reforma constitucional diferente para proponer la unificación de los mandatos.
Para el senador de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa, incumplir esa promesa no terminará en romper las relaciones con el Ejecutivo, pero sí se declara a la expectativa: “Esto no se volverá en algo hostil y no va afectar al Gobierno nacional, está con todo en un espectro abierto”.
PASO ATRÁS EN IMPUESTOS
Otra rectificación que tuvo que hacer el gobierno fue para echar atrás la idea de cómo cobrar el impuesto al patrimonio, el cual se pretendía extender hasta los contribuyentes que tengan patrimonio líquido desde 750 millones de pesos.
“Ese fue un cañazo del Gobierno al Congreso y por eso tuvo que echarlo para atrás”, dijo el senador Amín, quien explicó que la idea no estaba bien estructurada.
Desde el conservatismo surgieron voces en contra de todo el ajuste tributario que busca el Gobierno. El presidente de ese partido, David Barguil, sostuvo que no acompaña la idea de gravar a la clase media colombiana, la cual era la que iba a recibir el mayor impacto de esa nueva composición.
Ese reajuste al impuesto lo promovió tanto el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, como el propio Juan Manuel Santos, quien en un recorrido el martes de esta semana por Popayán, se mostró entusiasmado con la propuesta e incluso dijo que la pagaría con gusto, porque con ese impuesto se contribuiría a cumplir los compromisos que vienen en caso de lograr la paz con las FARC.
24 horas después, en rueda de prensa y diciendo que se había logrado un consenso, el ministro Cárdenas echó para atrás sobre esa ampliación de la base del impuesto, aunque no engavetó lo referente al aumento del monto a pagar, lo que mantuvo el inconformismo de sectores empresariales, entre ellos los banqueros.
El senador Carlos Motoa considera que esta ha sido una de las peores salidas en falso que ha tenido el presidente Santos, incluyendo su primer mandato y el despegue de este: “Las declaraciones del ministro de Hacienda de aumentar la base del impuesto del patrimonio e incluso de aumentar el IVA, sin tener estudios claros generan un ambiente de disgusto, similar al que se vio en el Congreso pasado cuando se hablaba de impuestos”.
EL GOBIERNO NO SE CRITICA
El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dice que no se puede hablar de equivocaciones o de pasos en falso durante este mes.
Sobre el incumplimiento de la promesa a los alcaldes y gobernadores dice que “ha perseverado en su propuesta y ha anunciado que llevará al Congreso de la República una iniciativa en esta materia, porque la circunstancia de que se trasladen los periodos del Gobierno Nacional y los mandatarios locales, afecta el buen gobierno local, departamental y municipal”.
Sin oír mucho de esa explicación, pero siendo conciliadora, la presidente del Polo Democrático, Clara López, sostuvo que el mandatario ha cambiado sus propuestas porque “eso son, propuestas”. Dice que lo más importante es que las decisiones las tome en su momento, cuando ya tenga las opiniones de los sectores que se vean directamente impactados y no se quede atendiendo a pocas voces.
En opinión del senador Amín (del Centro Democrático), era previsible que el presidente Juan Manuel Santos empezara a incumplir sus propuestas: “Si en su primer gobierno se hizo elegir con las banderas de la seguridad democrática y luego las dejó, cómo no se puede esperar que haga lo mismo en este mandato”.
Ante esas críticas, el senador Motoa (de la Unidad Nacional por Cambio Radical) recuerda que así esté el mismo presidente, se van a presentar en los primeros meses de esta administración inconvenientes, porque empiezan a llegar ministros y funcionarios que apenas van a conocer cómo funciona el Estado.
Posiblemente una de esas situaciones que plantea el senador Motoa es la que ha generado la confusión sobre la posibilidad de que se ha exploración de hidrocarburos con el sistema de ‘fracking’, ante la cual los ministros de Minas y de Ambiente, Tomás González y Gabriel Vallejo, han expresado posiciones divergentes, uno diciendo que ya es un hecho en Colombia y el otro asegurando que aún no se ha aprobado.
Por último también el Gobierno tuvo que sortear esta semana el escándalo de la equivocada extradición a los Estados Unidos de la que iba a ser víctima el carpintero Ariel Martínez, una situación legal que demostró que en el Gobierno no hay mayor control y verificación a la hora de autorizar el envío de presuntos delincuentes a ese país. Es factible pensar que el error ocurrió en Colombia, ante la actitud del gobierno de EE.UU, que no admite equivocación alguna en ese proceso.
Así, las primeras de cambio muestran que Juan Manuel Santos arrancó su nuevo mandato con muchos errores, pero le queda tiempo por delante para corregir el curso de sus propuestas y para cumplimiento todas las que hizo cuando buscó (y consiguió) el favor de la mayoría de votantes.
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