El presidente de Asonal Judicial, Freddy Machado, anunció que los jueces de Familia y Civiles de Bogotá y otras ciudades seguirán en asamblea permanente, es decir, en un cese de actividades, luego de que este viernes fracasaran los diálogos con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para zanjar las diferencias que existen sobre la entrada en funcionamiento de centros de servicios judiciales.
La reunión se extendió por cuatro horas y allí, los representantes de los trabajadores de la Rama y de los abogados expusieron a la Sala por qué, en su criterio, en el acuerdo que pone en funcionamiento dichos Centros, se permite que funcionarios administrativos puedan conocer de tutelas.
De acuerdo con Machado, las respuestas fueron insuficientes y por ello tomaron la determinación de continuar un cese de actividades no solo en Bogotá sino en todo el país.
“Hemos evidenciado que en esta problemática no se quiere ceder. Los Centros de Servicios han fracasado y se van a implementar con este nuevo Acuerdo. Para el ciudadano, para el usuario, para el abogado, es inaceptable atender esa disposición y por ello las bases judiciales reclaman que si los acuerdos que dieron lugar a esa imposición no son revocados, entraremos nuevamente a la asamblea permanente”, dijo.
Por su parte, la vocera de Corporación de Jueces y Magistrados, María del Pilar Arango, aseguró que este cese de actividades es responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura.
“La responsabilidad absoluta de lo que está pasando es de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura porque vienen implementando hace dos años un cambio en los Juzgados que está totalmente fracasado y ahora que advertimos que lo siguen implementando, pedimos y rogamos que no lo hagan junto con los usuarios, encontramos total indiferencia en nuestros gobernantes”, dijo.
El cese de actividades que inició en Bogotá, se extenderá a las ciudades de Cali, Pasto, Ibagué y la región norte de Colombia por lo que serían cerca de 28 mil empleados (sustanciadores, escribientes, notificadores) y 4.800 jueces y magistrados los que no prestarían sus funciones.
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