Argumentando falta de garantías y compromisos adquiridos con anterioridad, la contralora General de la República, Sandra Morelli Rico no asistió a la diligencia de interrogatorio ante el despacho del vicefiscal General, Jorge Fernando Perdomo.
En la diligencia, la funcionaria tendrá que responder por varias investigaciones que adelanta el ente acusador en su contra, entre ellas la del polémico contrato de arrendamiento de la actual sede del organismo de control fiscal.
La Fiscalía, con base en un informe realizado por la Auditoría General de la Nación, investiga presuntas irregularidades en ese contrato que ascienden a más de 76 mil millones de pesos.
Y es que desde 2011, cuando llegó al cargo, Morelli Rico quiso cambiar de sede tras considerar que el viejo edificio donde funcionó por años la Contraloría General ya no cumplía los requisitos técnicos. Por ello alquiló una sede en un nuevo edificio contiguo al Centro Comercial Gran Estación, al occidente de Bogotá, donde la Contraloría paga mensualmente más de 2.500 millones de pesos en arriendo.
La Contralora tampoco asistió a esta diligencia, según su defensa, porque la citación del Vicefiscal General llegó el viernes pasado en la tarde, cuando ya Morelli había adquirido otros compromisos propios de su cargo.
Ahora se espera que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo decida la nueva fecha en que se realizará la diligencia de interrogatorio.
“Si la Fiscalía la citó a interrogatorio seguramente tendrá elementos de juicio para hacerle imputación. Ahora nos toca esperar una nueva diligencia”, dijo el exfiscal General Mario Iguarán, apoderado de la Contralora.
A su turno, el abogado Ricardo Cifuentes, abogado demandante, dijo que Morelli Rico, como funcionaria pública, debe dar ejemplo acudiendo a las diligencias judiciales.
“Una persona que se supone que está velando por los intereses del erario debería dar ejemplo. Esperamos que a la próxima citación sí acuda”, dijo.
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