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La controversia entre los militares retirados y la presidenta de la JEP

Una controversia se ha generado entre el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional y la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Mirtha Patricia Linares, sobre el trato que se le dará a los militares que están procesados por participar en casos de ‘falsos positivos’.

Linares aseguró en días pasados que el Tribunal deberá verificar si estos casos son o no competencia de la Jurisdicción. “Hay debates sobre si pudieran ser o no competencia de la JEP. Los Falsos positivos son un delito de lesa humanidad sin lugar a dudas, pero existen debates e interpretaciones”, dijo.

Ante esto, los militares retirados reaccionaron por considerar que se estaría vulnerando y desconociendo una postura de la Corte Suprema de Justicia que señala que estos casos de ejecuciones extrajudiciales sí serían competencia de la JEP.

El director de Acore, general Jaime Ruiz Barrera, señaló “que la señora presidenta desconoce la posición de la Corte Suprema y el mismo pacto entre FARC y Gobierno, y en este tema de ejecuciones extrajudiciales ha habido posiciones claras en el sentido que son del conflicto”.

Otra controversia suscitada tiene que ver con las facultades que tendrá Linares, pues la funcionaria explicó que, en casos de controversias y dudas de competencia, sería ella, como presidenta, quien deberá resolverlas.

Por eso, el Cuerpo de Oficiales de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares y Policía Nacional anunció que acudirá al Congreso de la República para que se precisen estos asuntos en la Ley Estatutaria de la JEP, que está en debate.

“(…) se definan con claridad las facultades que en tal sentido se deben otorgar a esta funcionaria y a otros magistrados, para dar el trámite correspondiente a las salas de justicia competentes, teniendo en cuenta el Acta de Compromiso debidamente diligenciada a través del Ministerio de Defensa Nacional y Secretaria Ejecutiva de la JEP, por quienes voluntariamente se han acogido a esta nueva jurisdicción.

De acuerdo con la Reserva Activa, la Jurisdicción Especial para la Paz se está dando a conocer “con un evidente sesgo político y como instrumento útil de la extrema izquierda radical, para dar continuidad a la guerra jurídica que, sistemáticamente, ha venido ganando en los estrados judiciales contra los agentes del Estado”.

En su criterio, hay un “sesgo ideológico y los antecedentes de esa acción ofensiva y permanente en contra de la Fuerza Pública, descalifican la imparcialidad de esta Jurisdicción Especial, que es requisito indispensable para la vigencia y fortalecimiento del estado de derecho”



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