Las cifras no podrían ser más preocupantes. Un análisis elaborado por expertos, quienes hacen parte de una comisión especial de la Fiscalía y la Corte Suprema, señala que en los cinco años de vigencia del sistema penal oral acusatorio hay un represamiento de procesos judiciales que alcanza el 90 por ciento.
Así lo revela el borrador de reforma al sistema penal de 339 páginas, conocido por COLPRENSA. En éste se señala, además, que en el periodo de vigencia del nuevo sistema existen cerca de 1200 casos abiertos en los que ni siquiera se ha pasado de la etapa de indagación preliminar, lo cual ya muestra el oscuro panorama que se viene.
Este fue precisamente el tema que concentró la atención de diversos representantes de la justicia nacional, entre quienes se encuentran miembros del Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación y las altas cortes. Todos coinciden en la necesidad de implementar cambios al actual sistema penal oral acusatorio, para descongestionarlo y agilizar la justicia.
Un par de aspectos que llama la atención en esta iniciativa, que será llevada al Congreso en 2014, es la supresión de la audiencia de imputación de cargos, en la que la Fiscalía se encarga de señalar cuáles son los delitos por los cuales, en su criterio, el enjuiciado debe responderle a la sociedad.
Este tema, en criterio de los analistas, es un acto de mera comunicación, que es innecesario en el proceso penal. La evidencia de lo inoficioso de este aspecto se demuestra en las 12.500 vistas públicas de este tipo que se vieron aplazadas en 2012, sin que se dieran justificaciones reales.
“En la mayoría de los países el sistema acusatorio comienzan con la audiencia de acusación y no con la imputación”, expresó el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo para quien sin esta modalidad, se avanzaría con los procesos penales. “La Fiscalía podría solicitar una medida de aseguramiento antes de una formulación de acusación agilizando la labor de la justicia”, agrega Perdomo.
Otro punto es la posibilidad de otorgar beneficios por colaboración, los cuales si bien ya existen para quien acepte cargos o se comprometa a colaborar, esto durante el juicio; la novedad radica en que la persona que podría acceder a ese mismo trato favorable sería quien haya sido condenado.
Una de las razones que sustenta esta última propuesta es motivar a quienes ya tienen en firme sentencias en contra, para lograr desarticular bandas de delincuencia organizada y continuar en la lucha contra la criminalidad.
“Una de las principales falencias que hemos detectado con la Ley 906 de 2004 (norma que implementó los juicios orales en materia penal) es que no se den beneficios por colaboración después de la condena, como sí lo prevé la Ley 600 (sistema penal antiguo, en parte vigente). Hoy muchos condenados quieren colaborar con información que puede ser utilizada para desarticular bandas de delincuencia organizada”, explicó Perdomo.
Estas hacen parte de las iniciativas que serán llevadas a consideración del Senado y la Cámara de Representantes, no sin antes tener una vista por parte del Gobierno Nacional, en procura de sumar apoyos a la hora de ser sometido al estudio del legislativo y que no naufrague como sucedió a mitad de 2012.
El principal objetivo de la reforma es descongestionar la justicia ante lo que sería un inminente colapso. “Lo que hay que pretender es que se racionalice el sistema de utilización del derecho penal (…) estamos discutiendo cambios puntuales para tratar de solucionar algunos problemas en el sistema”, dijo el vicefiscal general de la Nación.
EL PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
Otro de los cambios que se pretende, toca el famoso y tal vez más cuestionado principio de oportunidad, lo mismo que el allanamiento a cargos y los preacuerdos, con los cuales se consagran rebajas y cese de la pena a cambio de información.
Hoy el principio de oportunidad cobija sólo a quienes cometan delitos cuyas penas sean máximo de hasta seis años. El cambio que se propone es que el mismo beneficio aplique a penas de hasta 8 años. En este sentido, se considera que existe una serie de delitos frente a los cuales se puede dar una respuesta judicial efectiva mediante esta figura. Una cosa que es clara, es que el mismo no se aplicaría a delitos relacionados con lesa humanidad o crímenes de guerra.
Además, se pretende reducir de 18 a 7 las causales por las que los imputados pueden acceder a beneficios, pues los expertos consideran que muchas de éstas se repiten generando confusión a la hora de determinarlas y aplicar justicia.
Para el presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Leonardo Bustos, se debe ofrecer un modelo de justicia que permita la erradicación de la impunidad y la investigación de todas las conductas criminales.
“Debemos flexibilizar la ley penal mediante la concesión de beneficios para estimular la colaboración de las personas con la justicia y permitir la producción de sentencias anticipadas rápidas”, puntualizó Bustos.
En síntesis lo que busca la reforma es que se apliquen los beneficios en cualquier etapa del proceso judicial. A mayor colaboración, más beneficios a los implicados.
De no proceder de esa manera -considera Bustos- la Fiscalía estaría amarrada a estructuras muy rígidas que afectarían su misión a la hora de llevar a juicio a los investigados y demostrar allí su responsabilidad. Esto significaría un desgaste aún mayor teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con esa estructura de investigación.
Otro de los apartes que contempla el cambio en cuanto a los preacuerdos es el hecho de que ya no sería obligación para la persona enjuiciada pagar, a manera de indemnización a las víctimas, montos de hasta el 50 por ciento. Esto, dice el documento, impide que se avance en las negociaciones adelantadas por la Fiscalía, pues se afirma que se ha convertido en una camisa de fuerza que afecta la eficacia y la oportunidad de la justicia.
Ante el posible revolcón de la justicia el Fiscal General, Eduardo Montealegre, aseguró que es necesario cambiar la cultura jurídica del país por lo cual fue enfático en que los sistemas acusatorios de forman con el tiempo “la cultura de abogados, jueces y fiscales, sigue anclada en los viejos esquemas del procedimiento (…) tenemos que avanzar en un cambio de cultura jurídica”.
‘VOLVER A LA IDEA ORIGINAL’
La Corporación Excelencia en la Justicia, en su último informe de política criminal en el país, indica que ha existido un importante esfuerzo de evacuación y reducción de la duración de los procesos. “La duración de los procesos pasó de un promedio de 875 días en el sistema mixto a 130 días en el sistema acusatorio”.
Sin embargo los estudios apuntan a que no se han cumplido muchas de las expectativas del sistema acusatorio, en particular relacionadas con la agilidad y efectividad que se esperaba de la Fiscalía General.
Ante esto, el fiscal Montealegre afirmó que después de 10 años del sistema actual se han encontrado con una incoherencia en el manejo de la política criminal, pues considera que ésta no ha sido seria por parte del Estado.
”Dicha política solo ha hecho énfasis en cuanto al aumento de penas y supresión de beneficios, lo que ha deformado el sistema penal acusatorio”, señaló el jefe del organismo investigador y añadió: “Hay que volver a la idea original y a la coherencia (…) volver al manejo de la prueba técnica, sin dejar de lado el juicio oral”.
“UN SISTEMA COLAPSANDO”
Ante este panorama, el presidente del Congreso de la República, Juan Fernando Cristo, afirmó que la reforma al Sistema Penal Acusatorio debe ser una prioridad del Estado para evitar un inminente colapso de la justicia.
“El trabajo que se viene haciendo debe conducirnos a un proyecto de ley eficiente (…) hay una realidad que nadie puede ocultar y es que el sistema penal acusatorio está colapsando”, puntualizó.
Cristo además se mostró de acuerdo con las últimas decisiones con respeto al cambio de la justicia, “el Congreso siempre ha estado listo para apoyar a la justicia colombiana, a los instrumentos que la propia justicia considere que son necesarios para mejorar en su funcionamiento y en su eficacia y lograr una justicia mucho más pronta y cumplida y acabar con los altos índices de impunidad en el país”, señaló el senador.
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