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“La solución no es llevar más personas a la cárcel”

Entre la llamada del presidente Santos a ofrecerle el Ministerio de Justicia y su presentación pública transcurrieron 12 horas. “Fue a sangre fría”, dice el abogado de la Universidad de Antioquia, Enrique Gil Botero.

Estaba presto a iniciar sesiones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este 15 de marzo, de la que es miembro desde el año pasado, pero en esa fecha ya habrá declinado para asumir como ministro.

Como relator de Colombia estaba impedido, por reglamento, para conocer sobre los asuntos del país, pero ahora tendrá que ponerle el pecho a asuntos polémicos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la crisis carcelaria y la fumigación de cultivos ilícitos.

El nuevo ministro de Justicia cree que su designación es un mensaje que está enviando el presidente a la comunidad internacional, para perseguir la paz en una perspectiva de derechos humanos. Además, para afianzar el entendimiento con la rama judicial y darle legitimidad.

Gil nació en Fredonia y a los ocho años se radicó con su familia en Medellín. Su padre fue alcalde de ese municipio en 1954, y secretario de juzgados. En el último grado de bachillerato, cuando tenía 17 años, se pasó del Liceo de la U. de A. al nocturno de la misma, par poder trabajar en un juzgado. Esa tarea la combinó mientras estudiaba derecho.

Falta un año y medio de Gobierno y arrancó el debate electoral, ¿no es riesgoso para una buena gestión?

“En aspectos coyunturales hay que tomar decisiones. Este será el primer ministro de Justicia del posconflicto. Desde la temporalidad no se podría tener un macroprograma, pero sí una visión realista de una serie de políticas y una filosofía de justicia, paz, derechos humanos, y de blindar e implementar el Acuerdo”.

¿En el tribunal especial para la paz se presentará asimetría jurídica en el juzgamiento de guerrilleros y miembros de la Fuerza Pública?

“Mi principal reto será la implementación de la JEP. Estudiaré el tema y tomaré las medidas y políticas para luchar por la implementación de los acuerdos. Por lo que he percibido hay un equilibrio, y sino debe haberlo. La JEP debe ser incluyente, porque no se puede hablar de paz con rupturas. Como decía Kelsen, el derecho es un ordenamiento de paz”.

¿Ayudará a que la implementación del Acuerdo vaya de la mano con la normatividad internacional en DDHH?

“Sí, porque lo que percibo como ciudadano es que el país está haciendo un gran esfuerzo en generar políticas para hacer soluciones amistosas, reconociendo responsabilidades del pasado. La comunidad internacional lo valora”.

¿Cómo mejorará la situación de los presos del país?

“Es un problema estructural. Buscaré estrategias que humanicen y posibiliten un mejor tratamiento, que sea afín al fenómeno de la resocialización. La privación de la libertad debe ser la última alternativa a la que se debe acudir, porque destruye la sociedad y la familia. Hay que generar una política criminal más abierta, que tenga unos fines, que entienda la libertad como un principio, un valor y un derecho”.

¿Entonces no apoyaría iniciativas en el Congreso para aumentar penas?

“No creo que la solución sea llevar las penas a extremos elevados. Hay que valorar la incidencia de esas conductas en la sociedad y los valores de civilidad que puede transgredir, es decir, la proporcionalidad. Hay otras formas de punición que no necesariamente implican llegar a niveles de hacinamiento. Pero tampoco se puede llegar a un refrescamiento de conductas punitivas que sí merecen un tratamiento privativo”.

¿Pedirá inversiones en personal judicial para implementar la oralidad y descongestionar los juzgados?

“La justicia oral tiene una perspectiva loable, que sea pronta y rápida, pero en la práctica no es el resultado. El campo del penal colapsó. En las facultades de Derecho hay que formar abogados en la cultura de la oralidad, porque lo escritural hace que los procesos sean largos y una justicia tardía no es justicia”.

¿Le gusta el modelo de la justicia alternativa?

“Hay que luchar por una justicia propositiva, donde sean las partes sus verdaderos jueces. El Ministerio está aplicando ese modelo a través de las casas de paz. De eso habla el sociólogo brasileño Boaventura”.

¿Es una buena señal para la justicia que los responsables de delitos atroces puedan participar en política?

“Quiero darme un espacio de reflexión en este punto. No quiero comprometer juicios en esa materia especial”.

¿Cómo será su relación con la oposición?

“Mantengo una filosofía popperiana. Puede que yo no tenga la razón y la oposición tampoco, pero lo que no puede ser es que dejemos de hablar. El diálogo se convierte en un presupuesto racional”.



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