Este jueves se llevó a cabo la audiencia pública de la Ley Estatutaria de Salud, convocada por la Corte Constitucional, en la que los múltiples actores que intervienen en el sistema expresaron sus puntos de vista sobre el articulado aprobado por el Congreso de la República en junio pasado.
Como era de esperarse, fue un diálogo tenso que dejó muchos puntos en contra y pocos en común. Con la apertura del debate por parte del Procurador, Alejandro Ordoñez, quien planteó que el acceso a los derechos de la salud no puede supeditarse a los recursos fiscales y la sostenibilidad fiscal de la nación, los ánimos se iban calentando.
“El éxito reside en que todo opere de manera efectiva y que se garantice el derecho, si no se presenta la sincronía debida entre derecho fundamental y el servicio público de salud, la intención del legislador será fallida y el Estado se verá avocado a definir otra solución”, dijo Ordoñez.
Uno de los puntos más álgidos del debate se dio por el punto que muchos sectores consideran que afectaría el derecho a la tutela. Representantes de los trabajadores del los hospitales públicos y clínicas, así como las asociaciones de pacientes, pidieron a los magistrados de la Corte que tumbaran la ley ya que consideran, que afecta los derechos fundamentales de los colombianos.
LA DEFENSA DEL PROYECTO
Sin embargo, la defensa del articulado no demoró en hacer su aparición. Su máximo defensor e impulsor desde el Gobierno, el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que no es cierto que esta ley quiera acabar con la tutela. “Lo que queremos es mejorar tanto los servicios de salud, que la gente no tenga la necesidad de recurrir a ella”.
“En la Ley Estatutaria no hay ninguna limitación formal a la tutela, no se elimina, como se ha dicho. La ley no elimina el no POS, eso es falso. Queremos eliminar la necesidad de que la gente ponga tutelas”, indicó Gaviria.
A su vez, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que la ley no acaba con la tutela, sino que no hará necesario su uso en la medida que amplía el plan de beneficios a los que tendrán acceso los ciudadanos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, aunque dio su aval para que esta ley siga su trámite en las altas Cortes, reconoció que la tutela debe quedar tal y como está funcionando actualmente, pues según la entidad, muchos de los colombianos han vistos restablecidos sus derechos con esa herramienta constitucional.
Luego de casi seis horas de escuchar a todos los actores del sistema de salud, los magistrados también abrieron el espacio para que representantes de las organizaciones indígenas dieran su punto de vista sobre cómo ven el articulado aprobado.
“Tenemos muchos problemas en cualquier parte del país para el acceso; nosotros los indígenas nos hemos visto desconocidos en principios culturales, por eso en esta ley debe quedar claro que se tengan en cuenta nuestros derechos”, indicó Rosendo Ahue, consejero de salud occidental y medicina tradicional de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
Luego de esta audiencia pública, se espera que la Corte Constitucional se tome de uno a dos meses para proferir la decisión final sobre el futuro de la ley de salud impulsada por el Gobierno.
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