En los últimos años en la Unidad para las Víctimas se incrementaron de manera considerable los derechos de petición y las acciones de tutelas presentadas por las víctimas en contra de la entidad. Entre 2015 y 2016 se recibieron 1.382.676 derechos de petición y 304.405 acciones de tutelas.
Dicho incremento generó un rezago en las respuestas a las víctimas, con las consecuencias derivadas en el incumplimiento de las órdenes judiciales, es decir, en la imposición de sanciones de arresto y multa contra el cuerpo directivo de la entidad. En los últimos cuatro años, se han generado 156 órdenes de arresto contra los directivos de la Unidad.
Cuando se posesionó como director Alan Jara, la Unidad registraba un rezago de 48.373 tutelas. Hoy, después de dos meses y medio de trabajo, este rezago se redujo a 20.039, es decir, se registró una disminución del 59% del rezago. En el caso de los derechos de petición, se logró durante este periodo una reducción del 5%.
Para lograr estos resultados, según la entidad, se desarrolló una estrategia de trabajo que incluyó la presentación ante la Corte Constitucional de una solicitud de suspensión de las sanciones por desacato a tutela que permitiera atender de manera ordenada las peticiones de las víctimas, la organización de grupos de trabajo y el manejo gerencial de la Unidad. Tales ajustes no requirieron más personal, ni esfuerzos presupuestales adicionales. Una estrategia a cero pesos apoyada en el trabajo racional de los funcionarios.
“La intención es seguir mejorando la atención y los servicios que reciben las víctimas, para que ellas se acojan a las rutas administrativas establecidas, sin pasar por trámites adicionales que generan costo para ellas y para el Estado”, afirmó el director de la Unidad para las Víctimas, Alan Jara.
La Unidad para las Víctimas proyecta que para el final del año 2016 estaría superado el 100% del rezago de la respuesta judicial a tutelas y en más de un 50% la respuesta a los derechos de petición.
Los resultados antes expuestos evidencian el importante esfuerzo institucional de garantizar a las víctimas una respuesta efectiva a sus pretensiones, y con ello, reafirmar el compromiso con los derechos de las víctimas y de sus necesidades.
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