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Las preocupaciones que deja la pesca ilegal en el país

Un estudio realizado por la Procuraduría General de la Nación y la Fundación MarViva preguntó a 73 organizaciones de pescadores en el país sobre los riesgos de la pesca ilegal y, sorpresivamente, 28, 4 % de los consultados dijo no saber cuál es la afectación de dicha práctica en los recursos marinos.

Se hicieron 116 entrevistas a profundidad, 66 en el Caribe y 50 en el Pacífico, y 19 en Atlántico, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Nariño, San Andrés, Sucre y Valle del Cauca. 80,2 % de los entrevistados dijo desconocer la normatividad relacionada con la actividad pesquera.

La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) en territorio marino puede ocurrir en cualquier parte e implica: pescar sin permiso, fuera de temporada, utilizar artes de pesca proscritas, no respetar las cuotas de captura, no declarar o dar información falsa sobre los volúmenes y las especies capturadas, entre otras.

El informe de 257 páginas señala que cuando la pesca se realiza de manera ilegal “se convierte en una amenaza permanente que quebranta y disminuye todos los beneficios que esta actividad puede suministrar”.

El documento denominado 'La Pesca Ilegal Marina en Colombia' buscaba conocer la percepción que se tiene en el país sobre esta práctica y concluyó que en ninguna de las entidades que tiene que ver con esta práctica, hay personal específicamente dedicado para la prevención, control, vigilancia y/o erradicación de la misma.

De igual forma, se pudo concluir que en el Caribe colombiano solo 12% desconoce la entidad que otorga los permisos, que es la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), mientras que en el Pacífico más de la mitad de pescadores encuestados en el diagnóstico (54 %) no sabe en donde se tramitan estos permisos.

A esto se suma que la pesca ilegal se encuentra amenazando los ecosistemas más importantes del territorio, según las cifras aportadas por la Unidad de Parques Nacionales Naturales porque el incremento impide que se logre la conservación adecuada de las áreas a proteger.

“(…) La problemática de la pesca ilegal en Colombia se presenta mayoritariamente en el Océano Pacífico, teniendo en cuenta las cifras suministradas por parte de la Aunap, así como también las obtenidas de la Armada Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, toda vez que efectivamente existen más investigaciones administrativas y penales, sanciones administrativas y penales y retenciones de embarcaciones por hechos y actividades relacionadas con la pesca ilegal marítima en jurisdicción del océano Pacífico”, dice el informe.

El panorama es tal que urge actualizar la normatividad vigente y pasar del papel a las acciones en materia de cooperación internacional debido a que se trata de un fenómeno en donde otros países tienen mucho que ver, especialmente Ecuador:

“La problemática de la pesca ilegal en nuestro país tiene como principales sujetos activos o infractores a particulares de otras nacionalidades, toda vez que la incursión por parte de ciudadanos colombianos en dichos actos, es mucho menor al conjunto sumado de extranjeros de diversos países (…) En ese sentido, es evidente que el Plan de Acción formulado dentro del acuerdo bilateral Colombia-Ecuador firmado en el año 2012, no se ha implementado de acuerdo a lo convenido ni en los plazos establecidos”.

LOS PROBLEMAS

Las alarmas son muchas. Por ejemplo, la misma Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca señaló que no existe ningún documento que designe oficialmente  un puerto como pesquero, ni a nivel artesanal ni a nivel industrial. Además, no cuenta con información sobre los planes de ordenamiento territorial de los municipios costeros ni se incorpora de alguna manera la figura de puertos pesqueros de manera concreta u oficial.

Algunos gremios de pescadores coincidieron en que la informalidad de la actividad se da por la debilidad institucional, pues existen las leyes, pero no las herramientas administrativas para salir de la ilegalidad. También, afirmaron que las instituciones han dirigido sus acciones a penalizar la actividad ilícita y no a prevenirla en pro del desarrollo de prácticas responsables en la pesca.

El estudió preguntó a 15 autoridades ambientales costeras sobre sus funciones con respecto a la problemática de la pesca ilegal marina y solo siete de ellas señalaron tener conocimiento sobre el tema.

“En términos de porcentaje, el 53 % de las corporaciones costeras no conocen sus funciones en lo que tiene que ver con la problemática de la pesca ilegal. Mientras que el 47 % restante, si las conocen, pero igualmente no tienen ningún tipo de información relacionada”.

El desconocimiento lleva a que, por ejemplo, las Corporación Autónomas Regionales, CAR, no reporten gestiones significativas frente a la pesca ilegal a pesar de estar facultados para ello. Además, la Aunap tiene deficiencias administrativas y no hace presencia en algunas zonas tradicionales importantes de pescadores del Atlántico y Pacífico colombiano.

De acuerdo con el informe, la política social empresarial de las industrias costeras frente a la población de pescadores artesanales no ha sido implementada de manera adecuada, en la medida que no hay compensación real e inmediata para los pescadores afectados.

“Un ejemplo de ello se da en la costa Caribe, donde se entregaron nuevas embarcaciones sin los requisitos mínimos para su operación; es decir sin legalizarse, lo que conllevó mayores costos para los pescadores y a que dichas embarcaciones se encuentren actualmente inutilizadas por falta de legalización”.

Ahora, como los pescadores no reconocen todas las actividades que implican pesca ilegal, estas continúan como la captura de especies prohibidas, en épocas o temporadas prohibidas, en zonas reglamentadas. Igualmente, el estudio encontró que acciones como no reportar o declarar de manera inexacta las capturas, no tener permiso o transferirlo, no son considerados como pesca ilegal por parte de los pescadores.

En términos generales, los recursos marinos que se consideran más afectados por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada son los camarones, tiburones, rayas y las tortugas.

RECOMENDACIONES

Para la Procuraduría y MarViva es claro que el Gobierno de tomar acciones urgentes para regular y combatir la pesca ilegal, para lo cual se necesita un proyecto de ley que contemple mecanismos de interdicción judicial acordes con las realidades marítimas y que se compagine con la normatividad internacional.

Igualmente, se recomienda que el Gobierno haga un plan de acción nacional o política de lucha en contra de la problemática de la pesca INDNR marina, así como de un sistema de monitoreo a la pesca artesanal e industrial, así como la incidental, “que permita evaluar los eventos biológico pesqueros importantes de los diferentes recursos pesqueros, con el fin también de evaluar los efectos de la medidas de ordenación pesquera establecidas, como las vedas, la restricción de artes de pesca, entre otros”.

En materia administrativa, se recomendó hacer un censo real y completo de pescadores artesanales e industriales y definir una serie de reglas y procedimientos para facilitar la denuncia de pesca ilegal marina en Colombia

Además, se necesita que se designe oficialmente cuáles son los puertos pesqueros a nivel nacional de manera urgente para poder acoger e implementar el Acuerdo sobre Medidas Estado Rector del Puerto (MERP).



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Comentarios

Depradadores

Sin Dios ni ley, todo indica que se iran a agotar todos los recursos, cuando esten llorando que no tienen que pescar entonces si a pedir indemnizacion y estar molestando al gobierno que no sirve para nada, miren el caso de la boquilla a ver si sacan algo!