El jueves 27 de marzo la vida de Natalia Ponce de León cambió para siempre. Ese día, cuando salía de su casa, en el norte de Bogotá, un hombre la esperaba en la puerta, tras discutirle, le arrojó una sustancia que le quemó su rostro, parte de su abdomen, cuello y piernas.
Las autoridades capturaron, en pocas horas, al presunto victimario, identificado como Jonathan Vega, de quien se dice habría actuado por despecho contra esta joven bogotana, de 33 años de edad y a quien conocía casi desde la infancia.
Su caso volvió a despertar la indignación nacional por la agresión contra las mujeres. Muchas han sido las voces de solidaridad con Natalia y su familia, incluso la del propio presidente Juan Manuel Santos, quien ofreció $75 millones de recompensa por información para capturar a su agresor.
Tristemente, su tragedia no es la única. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, se han registrado 927 ataques con ácido en los últimos diez años. Solo en 2012 fueron atacadas con ácido 162 personas, mientras el año pasado las víctimas fueron 69 casos.
Según la representante a la Cámara Gloria Stella Díaz, del Movimiento Mira y ponente de la ley por medio de la cual se endurecen las penas por este tipo de agresiones, ese texto necesita ajustes, porque los castigos siguen siendo bajos y porque la norma no ha sido reglamentada.
Insiste en que debe hacerse esa reglamentación; aumentar las penas, a mínimo 30 años de prisión; y asegurar que el POS incluya no solo las cirugías reconstructivas, sino también las estéticas, por la dignidad de las víctimas.
- ¿En qué consiste la iniciativa para endurecer las penas a quienes han agredido con ácido?
Lo que se propone es que se cambie el tipo delito, para que sea autónomo y así dé mayores penas. A esto el Gobierno Nacional, el Consejo de Política Criminal y la Alta Consejería Presidencial para la Mujer se opusieron, por el tema de la crisis carcelaria. La Ley 1639, que está rigiendo, sigue tipificando el delito como una lesión personal. Ese cambio podría hacerse en la reglamentación, que aún no se ha tramitado.
- ¿Cuál ha sido el impacto de esta ley?
Las penas infortunadamente siguen siendo bajas para el daño que causan los agresores, por eso volveremos a insistir para que se cambie la calificación del delito, que permita que la pena mínima sea de 30 años.
- ¿Cómo ha operado la justicia ante este delito?
La ley existe, pero no todos (los agresores) están capturados ni sindicados, no hay celeridad y los procesos no avanzan. Si no articulamos todas las entidades encargadas de garantizar la justicia es muy difícil que la normatividad opere.
- ¿La ley también contempla la prohibición de la venta de las sustancias con las que se cometen estos delitos?
En el proyecto quedó establecido llevar un registro para compradores de estas sustancias y regular la venta al menudeo. La ley establece que el Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio, determinará los criterios de clasificación de las sustancias que generen daño o destrucción al entrar en contacto con el tejido humano, y que deberán ser registradas para la venta al público.
- ¿De qué trata la atención integral que plantea el proyecto?
Lo que se quiere lograr es que no existan trabas a las personas que llegan a los centros médicos a pedir atención. Principalmente queremos hacer que el Plan Obligatorio de Salud (POS) incluya la cirugía estética, ya que por ahora sólo se contempla cirugía reconstructiva, esta exigencia no se puede convertir en un drama para las familias, debe ser una obligación del Estado.
HABLA GINA POTES, DE LA FUNDACIÓN RECONSTRUYENDO ROSTROS
“EL ESTADO ES PERMISIVO A LA HORA DE LA AGRESIÓN”
Gina Potes es creadora de la Fundación Reconstruyendo Rostros, que integra una red de apoyo para brindar ayuda a las mujeres atacadas con ácido. Ella también fue víctima de esta tragedia en 1996, cuando tenía veinte años. Llegaron a la puerta de su casa y sin darle posibilidad de reaccionar, le arrojaron ácido mientras le decían: “Eso le pasa por ser bonita”.
Para esta mujer, el Estado no ha hecho lo “que debe hacer” frente a este tema y los medios de comunicación han contribuido al aumento de los casos, porque no tocan el hecho de fondo, que es la impunidad.
- ¿Cuál es su lectura sobre la no reglamentación de esta ley?
La ley esta quedada, no ha servido para nada, porque no ha sido reglamentada, así es imposible dar un balance del actuar del Gobierno frente a esta situación. Tenemos que exigirle al Estado, que es el que tiene la obligación de garantizar nuestros derechos, que actúe con programas concretos, no con voluntades.
- Es decir, el Gobierno no ha actuado…
La impunidad permanece; conozco tres casos de hombres que están pagando penas. No necesitamos declaraciones del Presidente, sino actos con los cuales las mujeres podamos recibir la atención necesaria.
- ¿Cuál sería la pena ideal?
Ojalá diéramos una cadena perpetua. Eso daría ejemplo. Pero el Estado es permisivo a la hora que nos agreden, porque no hay justicia, no hay nada.
“LAS PENAS DEBEN SER PROPORCIONALES AL DAÑO”
El ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla Paucar afirmó que el Consejo de Política Criminal no consideró que fuera indispensable darle un tratamiento particular a la ley que pretende aumentar las penas a los agresores. “Lo que realmente se tiene que preguntar el país es qué es lo que quiere, porque acabamos de tener un régimen penitenciario que subió de 4 a 8 años el beneficio de libertad, entonces el país no está siendo coherente”.
El experto en derecho penal, pese a advertir esa incoherencia, dice que las condenas que existen son desproporcionadamente inferiores para el daño que causa las agresión.
Según el abogado, es muy desafortunado que este delito no se contemple de manera autónoma. “Que a uno de desfiguren el rostro y el agresor pague 15 años, y si no es el rostro pague 8 es injusto, cuando se trata de una lesión para siempre”, afirmó Arrubla Paucar, quien añadió que las políticas implementadas para el sistema carcelario sirven para “desocupar” las prisiones pero no atacan la problemática.
Sin embargo, aclara el experto que aumentar las penas tampoco es una salida para evitar que se repita este tipo de agresiones, pero dice que al menos permite generar un antecedente.
MÉDICOS EXPLICAN LOS DAÑOS QUE GENERA EL ÁCIDO
Según Linda Guerrero, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, las afectaciones que causan las quemaduras por ácido varían en cada caso. A muchas personas se les afectan órganos vitales, como los ojos y los oídos. La etapa de recuperación de quemaduras por estas sustancias puede tomar en promedio de 10 a 15 años.
Guerrero recomendó que en caso de ser testigo de una agresión de este nivel, lo primero que se debe hacer para ayudar a la víctima es echarle agua al cuerpo, para evitar mayores quemaduras.
A su turno el médico esteticista Alan González asegura que este tipo de agresiones pueden causar afectaciones sicológicas que llegan a causar trastornos de auto-imagen y esto puede llevar incluso a la muerte.
Para González, se tiene que tratar el tema de la calidad de vida para las personas afectadas con ácido. Son muchos los entes que hay que asociar para poder llegar a una decisión conjunta, real y satisfactoria.
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