A Jairo Antonio González Hoyos, una entidad financiera le pretendía embargar y secuestrar su casa, sin embargo, luego de una lucha de más de 20 años, la justicia falló a su favor.
Uno de los damnificados de la urbanización San Sebastián, en Ibagué, por fin tuvo un respiro gracias a la decisión de un Juez que declaró la nulidad en el proceso de embargo, remate y secuestro de su vivienda.
Luego de todos los vicios, enredos, entuertos e irregularidades por parte de la Constructora Construventas Ltda. para la construcción, y de la Administración municipal en otorgar los permisos para levantar dichas edificaciones, finalmente uno de los 124 casos, vio la luz.
Jairo Antonio González Hoyos es el propietario de la casa Nº 113, ubicada en la Manzana N de dicha urbanización.
Este hombre, más conocido como el ‘Llanero solitario’, fue el único de los primeros compradores que se mantuvo en pie y firme frente a la batalla contra el banco AV Villas y la Administración municipal, para poder conservar su hogar.
Durante los más de 20 años de proceso, este risaraldense que llegó a Ibagué en 1967 y que trabajó incansablemente hasta que en 1999 pudo comprar su casa, se encargó que la mayoría de instancias judiciales conocieran no solo su caso, sino el de todos los damnificados de dicha urbanización.
LA DECISIÓN
En este caso particular se logró comprobar por parte de la defensa, que la casa Nº 113 sí estaba construida sobre el espacio público y esta sería la razón más poderosa por la cual, no le pueden quitar la casa a Jairo González.
Ante el Juez Quinto Municipal se llevó a cabo, el 19 de septiembre, el proceso ejecutivo hipotecario del banco AV Villas, hoy Carlos Rodríguez, contra Jairo Antonio González Hoyos.
En dicha diligencia el juez tuvo en cuenta el segundo aspecto de la defensa que se basaba en que el inmueble propiedad de González era inembargable por estar construido sobre un bien de uso público.
En efecto, la casa 113 Mz N, fue construida sobre una zona verde calificada como número dos, y sobre una zona de parqueo, varios documentos lo confirmarían a pesar de las aparentes omisiones y dilaciones de la Administración municipal.
EL MUNICIPIO
En varias oportunidades, se le habría solicitado por parte de la justicia al municipio, para que informara si este inmueble hacía parte del espacio público.
Ante este requerimiento la Secretaría de Planeación municipal a través de su secretario el 18 de junio de 2017, habría dado como respuesta un simple, “no está en espacio público”.
Ante este hecho, el juez manifestó que dicha contestación solo contenía una afirmación carente de pruebas que la respaldaran, y que además el funcionario no fue lo suficientemente explícito.
Por el contrario, la diligencia adelantada en la Corte Suprema de Justicia da cuenta de las irregularidades que cometió la constructora, ya que esta se habría aprovechado de los espacios que corresponderían a zonas verdes y a parqueaderos para ganar terreno y vender más viviendas.
Además en varios oficios que se enviaron a la Oficina de Espacio Público por parte de sus funcionarios a la Directora, se plasma dicha situación, construcción de viviendas en zonas verdes y parqueaderos.
Por esta y más razones, y documentos, el Juez indicó que no cabía duda que la casa estaba construida en zona verde, “y si está construida en zona verde, puede el juzgado con toda certeza apoyado en los oficios, indicar que se encuentra en zona de uso público, por lo tanto es bien de uso público”, aseguró.
EL CASO
La curaduría urbana Nº 2 mediante resolución Nº 0047 de mayo 20 de 1996, concedió licencia de construcción a Constructores Gutiérrez y Lozano, Construventas Ltda., para la construcción de 116 viviendas unifamiliares de dos pisos cada una, de la manzana A a la N.
Las viviendas de la Mz M las construyeron, al parecer, en la N, por eso surgió irregularmente la Mz O, que no aparece en los planos aprobados.
Estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de las autoridades, de esta manera ante la Fiscalía General de la Nación se elevó una denuncia penal involucrando a un funcionario de Planeación municipal y los propietarios de la firma constructora, y luego de varias decisiones judiciales finalmente fueron condenados por estafa y fraude procesal y falsedad en documento público, por violar las licencias de construcción dadas, lo mismo que la escritura por medio de la cual se constituyó la cesión de áreas comunes a favor del municipio.
DATO
La parte demandante no se hizo presente a comparecer, por eso precluyó para esta la oportunidad de interponer el recurso respectivo.
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