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Ley contra violencia sexual en el conflicto cumplirá un año sin impacto medible

De acuerdo con las cifras de la Unidad de Víctimas de 7 millones 124 mil 829 personas registradas en el país como víctimas, 9.817 lo son de delitos contra la libertad y la integridad sexual.

Según últimos reportes conocidos de la Fiscalía General hay más de mil investigaciones en curso por esta materia de las cuales, al menos, la mitad estarían relacionadas con las Farc y las AUC.

Incluso, en Justicia y Paz ya han sido identificados más de 1.169 hechos de violencia sexual documentados y ocurridos desde el año 1995 hasta 2005. No obstante, las cifras de las distintas entidades del estado no están consolidadas y el objetivo que en ese sentido fijó la Ley 1719 de 2014, de crear un Sistema Único de Información, está lejos de cumplirse.

Así lo reveló a COLPRENSA la Procuradora Delegada Ilva Myriam Hoyos Castañeda, quien hace parte de los comités interinstitucionales que se crearon para seguir el cumplimiento de la norma que adopta medidas para que las víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado tengan un efectivo acceso a la justicia y que atiende de manera prioritaria las necesidades de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.

La norma cumple el próximo 18 de junio un año de ser expedida y el panorama es preocupante. De acuerdo con la Procuradora Hoyos Castañeda es hora que las entidades involucradas como las Entidades territoriales, el Gobierno Nacional, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía y la Defensoría, dejen a un lado la “comititis” y la “reunioncitis”, para mostrar resultados en un tema trascendental como es el abordaje de la violencia sexual.

El tema no es menor, más si se tienen en cuenta los hechos identificados y confesados en Justicia y Paz, la reciente exclusión del exjefe paramilitar del frente Golfo de Morrosquillo del Bloque Montes de María de las AUC, Marcos Tulio Pérez Guzmán, alias ‘El oso’, por no confesar casos de estos; así como la reciente publicación de la Universidad Sergio Arboleda denominada “Violencia Sexual como crimen internacional perpetrado por las Farc”.

El libro dado a conocer el pasado 9 de abril en el marco del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas, asegura que niñas entre los 11 y 15 años de edad, pertenecientes a comunidades indígenas, son las principales víctimas de los actos de violencia sexual cometidos por las Farc.

La investigación realizada por el Departamento de Derechos Humanos de la Universidad, asegura que las Farc emplean una modalidad de violencia sexual activa, a través de la intimidación directa, como forma de retaliación y escarnio público, siendo víctimas mujeres civiles y las propias guerrilleras.

La investigación, que contó con relatos de mujeres víctimas reseñó que las integrantes de las filas guerrilleras sufren casos de esterilización forzada, esclavitud sexual y aborto forzado e indicó que al interior del grupo son consideradas como prácticas normales, "propias de la naturaleza del servicio de la mujer".

Mientras se define qué pasará con los máximos responsables de estos delitos, la Ley 1719 de 2014 es una herramienta importante pues creó nuevos delitos que están consagrados en la legislación internacional como de carácter sexual. Se trata de la esterilización forzada, el embarazo forzado y la desnudez forzada y, además, aumentó la pena para otros ya existentes como la prostitución forzada. Además, lo declara delito de lesa humanidad cuando sea cometido dentro de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.

Para la Procuradora Hoyos es una “mirada integral para que todas aquellas víctimas san reparadas integralmente, pero ante todo atendidas y para prevenir”. La norma va ligada a la Ley de Víctimas, pero la Unidad de Víctimas no hace parte de los citados comités, por lo que ya fue invitada al igual que el ICBF, que tiene obligaciones precisas en la norma y porque, según Hoyos, “la violencia sexual se está dando en una dimensión preocupante en menores de edad”.

El Comité de Seguimiento tiene en cuenta también la Ley 1257 de 2008 que reconoce el derecho a una vida libre de violencia, pero a pesar de los esfuerzos y avances claros como el presentado por el Ministerio de Salud, todavía hay mucho por hacer, siendo el Ministerio de Defensa el más quedado de todas las entidades.

“Prácticamente nos manifestaron que habían emitido un oficio dirigido a la Comando de las Fuerzas Militares en noviembre de 2014 para dar a conocer la ley, pero de resto no nos informó nada más”, precisó la Procuradora Hoyos al indicar que no se informó sobre las actuaciones en el marco de esa ley, como el fortalecimiento de una política de derechos sexuales y reproductivos, ni sobre información de casos que involucren a las Fuerzas Armadas.

“¡Eso es una alarma! Y nosotros presentamos un semáforo en el Comité diciendo que hay actividades que se han cumplido, por ejemplo, el Ministerio de Salud”, agregó Hoyos.

Otro de los mayores problemas es la unificación de un sistema de registro de información por temas técnicos y operativos ya que cada entidad tiene su sistema y cifras distintas. El tema implica una inversión presupuestal y lo único cierto es que no estará listo este año. Entre tanto, no es posible en este momento verificar que tan efectiva ha sido la nueva ley.

“Las entidades nos dan cuenta que capacitaron a los funcionarios, que han creado Comités pero lo cierto es que todavía las actuaciones no permiten evaluar el impacto que la norma ha tenido respecto de la garantía de los derechos de las mujeres”, señaló Hoyos quien cree que el reto es defender la Ley y no quedarse en informes muy descriptivos que no tengan en cuenta a las víctimas que han pedido que no haya impunidad.

El pasado 27 de febrero, la Fiscalía anunció una nueva herramienta que tiene como fin ampliar y cualificar el acceso a la justicia mediante un acuerdo en el que participan diversas entidades.

Por ese compromiso se creó un Comité Técnico que “se encargará de diseñar, impulsar y monitorear los mecanismos de acción interinstitucional para la prevención, atención, protección, investigación y judicialización adecuada de la violencia sexual; así como la incorporación de la adecuada perspectiva de género y enfoque diferencial”.

No obstante, mientras estos mecanismos se crean, algunas voces como la investigación de la Universidad Sergio Arboleda señalan que hay algunas conductas que no están ni en el Estatuto de Roma ni en la legislación colombiana, por lo que deberían ser tipificadas “teniendo en cuenta su reiterada ocurrencia al interior de la organización armada ilegal Farc”.

Una de estas está relacionada con la anticoncepción que es utilizada por las Farc a sus mujeres integrantes para evitar embarazos. De acuerdo con el informe, de esto se puede derivar “que las mujeres son un arma de guerra utilizadas a través de instrucciones que obedecen a una línea de conducta que se presenta en todas las regiones donde las Farc hacen presencia”.

Esto, ya que gran parte de las mujeres se ven obligadas a atravesar por varios etapas al interior de la guerrilla de las Farc como “el reclutamiento ilícito, la aplicación del dispositivo o anticonceptivo, la utilización en diversos comportamientos de tipo sexual (esclavitud sexual, abuso sexual, prostitución forzada, desnudez, entre otros) como parte de la moral de la tropa; el aborto forzado y la posterior desaparición de los que logran nacer”.

Para los investigadores, “este proceder, no constituye una conducta punible a la luz del Código Penal Colombiano, pero llama la atención pues hace parte de una exigencia previa a la realización de otros comportamientos igualmente denigrantes que afectan la dignidad humana” de las mujeres.

POR ENTIDAD

FISCALÍA

- A partir del 15 enero de 2015 se está llevando a cabo Comités Técnico – Jurídicos en las investigaciones que por violencia sexual en el marco del conflicto armado se estén adelantando.

-Desde diciembre de 2014 empezó a convalidar el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y se encuentra en un proceso de capacitación de funcionarios en materia de derechos humanos, enfoque diferencial y de género, entre otros.

-La Dirección Nacional de Protección y Asistencia recibe las solicitudes para las víctimas de violencia sexual y cuenta con una ruta de atención para dichas víctimas. Así mismo, hace parte de mesas de trabajo sobre medidas de protección y atención a mujeres víctimas de violencia.

-Fortalecimiento a las Defensorías de Familia de Restablecimiento de Derechos que brindan atención en 201 centros zonales ubicados en las 33 regionales en todo el país y los 33 CAIVAS ubicados en 28 departamentos. Está en curso el proceso de implementación de tres CAIVAS más, en las Regiones de Ocaña, Putumayo y Guajira.

MINSALUD

Esta entidad es la que mayor avance ha presentado. Se han realizado capacitaciones a todas las Direcciones Territoriales de Salud; con población joven y/o adolescente víctima se realizaron 5 encuentros regionales; se permitió atención psicosocial a 20 mil mujeres, de las cuales 127 serían víctimas de delitos sexuales en el conflicto y se inició un proceso de acompañamiento a grupos, organizaciones y redes de mujeres víctimas.

- Durante el año 2014, en evaluación del cumplimiento en la implementación de la Resolución 459 de 2012, en IPS y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios se establecieron compromisos institucionales para fortalecer el abordaje integral de las violencias sexuales.

-Todas las atenciones en salud que reciban las víctimas de violencia sexual en las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud IPS, deben registrarse y formar parte integral de la historia clínica del paciente.

POLICÍA NACIONAL

-Estrategias basadas en las Poblaciones Vulnerables, Protección de Infancia, Lucha contra delitos sexuales, que buscan apoyar la administración de justicia mediante la investigación judicial de delitos sexuales contra dichos grupos poblacionales.

-Desde el área de Protección a la Infancia y la Adolescencia se realizan actividades de prevención a través del programa “Abre tus Ojos”, para intervenir los factores originadores de riesgo.

-Existen las Unidades de Investigación Criminal del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes-UIC SRPA, encargadas en apoyar a las autoridades judiciales en el desarrollo de las labores investigativas y técnicas.

-Cuentan con Protocolos de procedimientos como: atención de los casos de víctimas de agresiones sexuales y guía atención a mujeres víctimas de violencia.

MINISTERIO DE DEFENSA

- En la capacitación extracurricular y Coyuntural que anualmente realiza a la Dirección de Derechos Humanos y DIH, para el año 2015 solo se ha incluido seis visitas a lo largo del territorio nacional.

DEFENSORÍA

-Se realizó la Difusión y divulgación al interior de la entidad se expidió memorando dirigido a las 36 Defensorías Regionales se divulgó la ley y cada una de las responsabilidades de esta entidad. Actualmente, se está recibiendo la información por parte de las regionales y desde junio del año 2014, se inició la vinculación de un equipo de profesionales (abogadas y psicólogas o trabajadoras sociales) especialistas en atención y orientación psicosocial y jurídica en Magdalena, Bolívar, Córdoba, Urabá, Arauca, Antioquía, Cundinamarca, Bogotá, Valle y Cauca.

- Con apoyo de cooperación internacional se cuenta con un equipo en Chocó y otro en Tumaco - Nariño. A partir del año 2015, se ha aprobado la ampliación de la presencia de estos equipos en las Regionales de Guajira, Atlántico, Caldas, Quindío, Norte de Santander, y vinculando a la planta, al equipo de Chocó que estaba financiado por cooperación.

EL PROTOCOLO DE LA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

La UNP adoptó una estrategia específica para el tratamiento de casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Una vez se recibe el caso de una víctima, se caracteriza, se determina de manera preliminar la situación de riesgo y se obtiene el consentimiento expreso mediante el diligenciamiento del Formulario de ingreso de Prevención y Protección. Posteriormente, se le informa a la mujer las prerrogativas con las que cuenta en virtud del enfoque diferencial de género y seguidamente se solicita la implementación de medidas preventivas a la Policía Nacional y se pone en conocimiento de la Fiscalía los hechos motivo de amenaza, hostigamiento o violencia.

Una vez obtenida la información del caso pasa a la Dirección General de la UNP, con el fin que se otorguen medidas de emergencia mientras surte la evaluación de riesgo. Una vez, aprobadas las medidas de emergencia, se procede con la remisión del formato de implementación de medidas urgentes de protección al área a l Subdirección de Protección de la UNP, para que estas se entreguen en máximo de 3 días. Durante el año 2014 hubo 24 solicitudes y en todos los casos se adoptaron medidas de emergencia. 



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