Una nueva jornada de atención a víctimas de violencia sexual en la Costa Caribe dejó un balance de 64 nuevas denuncias, con lo que se completa un total de 284 casos de violencia sexual que fueron judicializados, tras un esfuerzo interinstitucional liderado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y acompañado por la Fiscalía, la Procuraduría y la Unidad de Atención a Víctimas.
“Son casos nuevos que después de muchos años ven la luz de la justicia y no pueden quedarse en la impunidad. Los señalamientos de las víctimas podrían coincidir con personas que estarían próximas a recuperar la libertad y que no han tenido en cuenta en sus declaraciones el contar toda la verdad frente al sometimiento y el abuso contra las mujeres. Por ello instamos a un avance de las investigaciones y que los magistrados valoren la efectiva contribución a la verdad antes de permitir que los jefes paramilitares recuperen la libertad”, indicó el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez.
En la jornada, llevada a cabo entre el 29 y el 31 de julio en Barranquilla, las mujeres declararon haber sido víctimas de miembros de grupos paramilitares, guerrilleros y un caso de la Policía, cuyas identidades están siendo investigadas por las autoridades.
“Para las próximas jornadas se estarán convocando víctimas en Cúcuta, Quibdó, Valledupar, Valle del Cauca y Riohacha, con lo que esperamos contar con más de 300 judicializaciones”, indicó Beatriz Cortina Orozco, directora de una Fundación que lleva su nombre, y que adelanta un acompañamiento a las víctimas para acercarlas a la institucionalidad y a la justicia.
Según la líder, aunque existen nuevos señalamientos contra desmovilizados que ahora comparecen en el proceso de Justicia y Paz, muchas víctimas sienten temor de llevar sus casos a la justicia por posibles retaliaciones en el momento en que recuperen la libertad.
“Aún tienen pavor. En Barranquilla todos los casos son de mujeres desplazadas de municipios aledaños y de los departamentos de Bolívar y Magdalena”, indicó Cortina Orozco.
La estrategia es una alianza entre la sociedad civil y el Gobierno, que permite llegar a las mujeres de diferentes edades a través de los llamados ‘círculos’, que son jornadas en donde ellas son rodeadas por un completo equipo psicosocial, con el fin de que sientan confianza de expresarse. En muchos casos ellas cuentan por primera vez lo que les ocurrió.
“A través de testimonios, historias de vida, reflexiones y emociones, ellas logran hablar de los hechos que las victimizaron. Este proyecto busca contribuir al restablecimiento de las condiciones desde las cuales las mujeres puedan ejercer plenamente sus derechos y sus libertades. Es una estrategia que construye redes de reconciliación y de paz en un escenario de justicia transicional, que ha favorecido el fortalecimiento de redes colectivas de mujeres en las regiones de intervención”, explicó Catalina Díaz, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.
Las jornadas continúan con el acompañamiento para que las víctimas denuncien ante la justicia los hechos de agresión y encuentren la acción del Estado para la protección de sus derechos.
“Hemos encontrado hechos ocurridos en varias épocas y cuyos presuntos responsables pueden venir de los paramilitares o de las guerrillas. Hay casos donde los supuestos responsables ya están muertos, sin embargo, nada debe permitir que lo ocurrido quede en la impunidad y que las víctimas reciban la atención de la entidades encargadas”, concluyó Díaz.
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