La Corte Constitucional dio su aval al decreto 671 de 2017, que permite a los menores de edad que fueron reclutados por las Farc, acceder ya como mayores de edad al proceso de reintegración social, así como a todas las medidas de atención y reparación que tiene la Ley de Víctimas, una vez obtengan un certificado de desvinculación del grupo armado.
Este decreto solucionó un problema técnico que se presentaba para poder cumplir con el numeral 3.2.2.5 del Acuerdo Final de Paz alcanzado con las Farc, que señala que a los menores de edad se les reconocerán todos los derechos, beneficios y prestaciones establecidos para las víctimas del conflicto, así como los derivados del proceso de reincorporación.
El decreto modificó el artículo 190 de la Ley de Víctimas, que disponía como exigencia para ingresar a los programas de reinserción la certificación expedida por el Comité Operativo para la Dejación de Armas, para que quedara claro que también valía la acreditación de pertenencia a las Farc, que hace la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a través de los listados recibidos y verificados.
El decreto señala que la lista de integrantes de las Farc recibida y avalada por el Alto Comisionado “tendrá efectos equivalentes a los de la certificación del Comité Operativo para la Dejación de las Armas y permitirá a los menores acceder a los programas que se acuerden”.
En su decisión, la Corte Constitucional decidió estarse a lo resuelto a la sentencia C-690 de 2016, en la que revisó y avaló el artículo 190, en “el entendido que la certificación de desvinculación que expide el Comité Operativo de la Dejación de las Armas (CODA), se debe entregar a todas las víctimas de reclutamiento ilícito, en el contexto del conflicto armado, que cumplan la mayoría de edad, sin importar el grupo armado ilegal del que se hayan desvinculado”.
Comentarios ()