La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención al Ministerio de Justicia y al Congreso de la República por la crisis carcelaria que vive el país.
El 'jalón de orejas' de la Corte incluye una exhortación a dichas entidades para que cuando se hagan reformas legislativas, se "tomen también la precaución de respaldar económicamente las consecuencias que generan tales medidas sobre el aumento en la población carcelaria".
Esto, en el entendido de que de acuerdo con la jurisprudencia internacional, "sólo puede someterse a una persona a reclusión si se le aseguran unas condiciones dignas, de acuerdo a los estándares indicados (…) este tipo de estudios previos, si bien no es obligatorio, resulta conveniente y en tal sentido ha sido impulsado por la doctrina y la legislación extranjera", señaló la Sala.
En fallo de tutela, la Corte examinó la grave situación de hacinamiento en la cárcel de Santa Marta, que alcanza el 300 por ciento, pues hay capacidad para 337 reclusos y actualmente está ocupada por 1.149 internos.
Con ponencia del magistrado Eugenio Fernández, la Corte señaló que el Ministerio de Justicia y el Inpec no han podido superar la grave crisis carcelaria que evidenció en 1998 la Corte Constitucional.
"(…)para la Sala no existe duda sobre la situación de indignidad en la que se encuentran, pues así se puede establecer de lo informado por la Defensoría del Pueblo y del registro fotográfico que aquella aportó en donde se observa como, por ejemplo, los internos duermen en los pasillos del centro de reclusión, el cual, además, 'se encuentra invadido por ratas y toda clase de plagas, las que de noche y en cualquier hora del día se desplazan por las instalaciones del penal'", señaló la Corte.
En ese sentido, la Corte Suprema protegió los derechos de los internos de la Cárcel de Santa Marta y por eso ordenó al Ministerio de Justicia y al Inpec que mejoren sus condiciones, remodelando la cárcel actual o construyendo una nueva y, además, que se separen los sindicados de los condenados.
Ambas entidades tienen un plazo de dos meses para establecer un plan de trabajo e iniciar las gestiones presupuestales y administrativas necesarias tendientes a mejorar, reubicar o si es del caso incrementar el cupo penitenciario. Estas medidas deberán concretarse en dos años, para adecuaciones o remodelaciones y, en tres años si se trata de una obra nueva.
Finalmente, la Corte Suprema estimó que esta protección concedida a los reclusos "no configura una intromisión en la gestión política de asuntos propios de otras Ramas del Poder Público, sino una resolución concreta a un conflicto jurídico".
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