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Llegarán más controles para alimentación escolar

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Un mes después de descubrirse cómo se pudría la comida para casi 80.000 estudiantes en Chocó, el Ministerio de Educación tomó cartas para transformar el programa de alimentación escolar. La primera: prepara un decreto para que las entidades territoriales asuman su responsabilidad entregando recursos y vigilando el proceso de contratación de los alimentos. La segunda: fortalecer las interventorías de esos contratos. 

De estas decisiones depende, en el fondo, la alimentación de 8 millones 700.000 estudiantes. 

Los problemas de la alimentación escolar se han originado porque el operador no cumple con los contratos de alimentación. En este 2015, el Ministerio de Educación ha firmado convenios interadministrativos con 68 entidades territoriales para suministrar la comida en los colegios, y admite que ha encontrado irregularidades en Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Caquetá, Cauca y Putumayo. 

Pese a que los contratos tienen interventorías, las irregularidades siguen. Según el Ministerio, la causa son los problemas en la ejecución por los entes territoriales y contratistas. Por esta razón, dice, “se avanza en un proyecto de decreto para que las entidades territoriales asuman las responsabilidades que tienen en la cofinanciación del programa”. 

Antes de 2014, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) era administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf); entidad ahora encargada de la alimentación de niños de cero a 5 años (1.984.928 en el país). Para los cinco millones de estudiantes restantes, el Ministerio debe responder, por esto, reestructurar el PAE es uno de los retos de la ministra Gina Parody. El proyecto de decreto es un primer paso. 

El segundo es fortalecer el control en los procesos de contratación. A la fecha el Ministerio ha contratado dos firmas de interventorías, con las cuales “busca conferir una mayor capacidad de seguimiento al programa y a la ejecución de sus recursos”. Se trata, dice el Ministerio, de “a través de estas efectuar las visitas a instituciones educativas y se atenderán quejas, denuncias y solicitudes que la ciudadanía presente relacionadas con el PAE”. 

Los reparos 

Que las entidades territoriales se vean obligadas a cofinanciar la alimentación y a vigilar la ejecución de los contratos —como lo propone el proyecto de decreto— es una idea que no convence del todo. 

“El problema es que en departamentos como el Chocó no tenemos cómo financiar la alimentación escolar y la logística que se necesita. Actualmente el Gobierno financia 971 pesos por desayuno y 1.320 pesos por almuerzo. Los operadores tienen que transportar la comida, adecuar los sitios para servirla. A la larga terminan perdiendo plata. El decreto no lo conocemos, pero más que obligar a las entidades necesitamos más financiación”, dice Yolanda Mosquera, secretaria de Integración Social de Chocó. 

Entre las ciudades más afectada por “el cartel de los alimentos” está Bogotá. En el periodo de Samuel Moreno como alcalde, los hermanos Efraín y Édgar Torrado recibieron contratos por cerca de $46.000 millones. Óscar Sánchez, secretario de Educación de Bogotá y una de las personas que ha denunciado la presión de los contratistas, cree que la idea del Ministerio debe ser discutida. 

“Soy amigo de que las entidades territoriales pongan recursos para la educación. El problema es que no ha habido concertación para socializar el decreto. Debemos buscar un acuerdo grande entre comunidades y Ministerio. Actualmente las entidades territoriales no tienen la capacidad ni la experiencia para encargarse de la alimentación escolar”. 

Episodios recientes 

“La mafia de los alimentos es más difícil de combatir que la del narcotráfico”. Estas fueron las palabras de la directora del Icbf, Cristina Plazas, cuando la Defensoría del Pueblo descubrió que la comida para los niños de Chocó y La Guajira estaba llegando podrida, o simplemente no llegaba. En el primer departamento, 77.700 estudiantes de 908 colegios casi se quedan sin comida por incumplimientos del contratista. En La Guajira, los afectados fueron 194.133 estudiantes. 

Las alertas de la Defensoría hicieron eco en el Ministerio de Educación. El pasado 20 de agosto la entidad canceló dos contratos de alimentación escolar en Atlántico y Bolívar por problemas en la ejecución. 

Como consecuencia de los hallazgos encontrados por la Universidad de Antioquia y la firma Interventora IS Colombia, el Ministerio tomó la decisión de no seguir con esta empresa. 

¿Cuáles fueron las irregularidades? “Alimentos sin control de temperatura, gramajes que no cumplen con lo establecido, manipuladoras sin capacitacióncomo lo exige la normatividad vigente en el país, no existe control de fumigación, no se cumple la limpieza y desinfección de los alimentos y a veces no se presta el servicio”, dice el Ministerio de Educación”. 

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