Antes de que su caso llegara a la Corte Suprema de Justicia para ser revisado en casación, el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega fue condenado a 30 años de prisión por la desaparición de dos personas (de once casos que se investigaban entonces) tras la operación de retoma del Palacio de Justicia el 7 de noviembre de 1985.
Esos dos desaparecidos, por los cuáles el Tribunal Superior de Bogotá le endilgó responsabilidad al coronel, son la guerrillera del M-19 Irma Franco Pineda y el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera.
Rodríguez Vera tenía 29 años en 1985 y estaba casado con Cecilia Cabrera Guerra, con quien tuvo una hija. Era el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia y estudiaba Derecho en la Universidad Libre. El 6 de noviembre de 1985, día de la toma, Carlos salió temprano en la mañana a trabajar en la cafetería del Palacio y, según el recuento que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia que condenó a Colombia por el Holocausto en noviembre de 2014, al menos una persona lo vio esa mañana en la cafetería antes del inicio de la toma.
Para el Tribunal, en los casos contra Plazas Vega y contra el general Jesús Armando Arias Cabrales, como para la CorteIDH, Carlos sobrevivió a las acciones armadas. No obstante, fue considerado como sospechoso de colaborar con el M-19. Salió vivo, pues se lo ve en al menos cinco videos, custodiado por militares, y fue llevado a la Casa del Florero y luego a la Escuela de Caballería.
Lo que se ha indicado es que Carlos murió, posiblemente, a causa de las torturas a las que fue sometido y hasta hoy se desconoce su paradero. Su familia lo buscó tras la toma, fue a Medicina Legal, recorrió instalaciones militares, pero no lo encontró. Su padre, Enrique Rodríguez, murió en noviembre de 2010 tras una lucha infructuosa de 25 años por hallar a su hijo.
La condena de segunda instancia aseguraba que las tropas hicieron de la Escuela “un centro de detención especializado (ilegal), al que conducían a todos aquellos respecto de quienes existiera sospecha de pertenecer a algún grupo armado ilegal. Dichas personas eran torturadas, y como ocurrió aquí, se desapareció forzadamente a Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera”.
Irma Franco Pineda tenía 28 años en 1985, era estudiante de Derecho y el 6 de noviembre de 1985 se encontraba en el Palacio de Justicia como parte del M-19. De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH, para los momentos finales de la retoma se encontraba en el baño entre el segundo y tercer pisos, donde cambió su ropa por la de una persona que había fallecido y salió con un grupo de rehenes.
Luego, en la Casa del Florero fue identificada por varios sobrevivientes como miembro del M-19, por lo que fue llevada al segundo piso y “embarcada en un campero”, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Su familia no obtuvo respuesta ante su búsqueda y se estima que murió víctima de torturas en la Escuela de Caballería.
Sobre este caso el propio coronel Plazas reconoció en su libro '¿Desaparecidos? El negocio del dolor', que lanzó en 2011, que la mujer salió viva. No obstante, señala que no fueron sus tropas las responsables. “Irma Franco salió con vida, pero no fueron mis tropas las que la sacaron del Palacio. Yo el segundo día estaba en reserva y al mando de la operación estaba la Escuela de Artillería. Yo no tengo nada que ver ahí”, manifestó el exoficial durante el lanzamiento de esa
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