La historia del Galeón San José no se ha terminado de contar. Este sábado el presidente Juan Manuel Santos entregará los detalles sobre el hallazgo de esta embarcación en aguas del Mar Caribe, muy cerca de Cartagena, lo que podría nuevamente abrir la polémica por sus derechos. (Lea aquí: Presidente Santos anunció el hallazgo del galeón San José)
Pero para esta oportunidad ya hay una serie de litigios que favorecen a Colombia. En octubre de 2011, una corte en Washington declaró al galeón como propiedad del Estado colombiano. Allí se desechó una demanda interpuesta por la firma Sea Search, donde reclamaba 17 mil millones de dólares por el supuesto incumplimiento de un contrato con el gobierno colombiano para recuperar el buque.
Así mismo, en julio de 2007 la Corte Suprema de Justicia le puso fin dos décadas de pleitos jurídicos por los tesoros que podría guardar el galeón San José, al estudiar la acción judicial iniciada por la empresa Sea Search Armada (SSA), la cual reclamó el 50 por ciento del tesoro que según ella encontró en 1982, "a más de 210 metros de la superficie del mar y a pocos kilómetros de la costa de Cartagena".
De acuerdo con la decisión de la Corte Suprema "los bienes de valor histórico, cultural o científico que tengan la calidad de tesoros" son de propiedad exclusiva de la Nación, mientras que los que tengan algún valor económico podrán ser repartidos en porcentajes iguales entre el Estado colombiano y la empresa que los rescate.
Así, el alto tribunal intentó zanjar las diferencias existentes entre empresarios como Jack Harbeston, quien como director de la compañía de rescate de tesoros Sea Search Armada -SSA-, reclamó el 50 por ciento del total del tesoro hundido en 1708, mientras que muchos nacionales asumieron la defensa del patrimonio histórico y cultural colombiano.
"La Corte Suprema de Justicia brindó debida protección al patrimonio cultural, histórico, artístico y arqueológico, incluido el submarino, de conformidad con las normas constitucionales y legales pertinentes, de las que proclamó la prevalencia del interés general, colectivo y público respecto de los bienes que lo conforman, así como el carácter extra comercial de éstos y que su propiedad pertenece única y exclusivamente al Estado colombiano", puntualizó la Sala Civil.
Ante las supuestas presiones de congresistas estadounidenses para que se le diera la razón a la empresa exploradora, el alto tribunal manifestó que su decisión se aferró a la ley y a la Constitución. (Lea aquí: El Galeón San José, el santo grial de los tesoros sumergidos)
La sentencia -dijo- se concretó "a las actuaciones registradas y a los documentos y pruebas oportunamente allegadas al expediente, sin que, por tanto, como debe ser, puedan incidir en el fallo, ninguna otra clase de elementos de juicio de los aquí militantes".
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