Tras la aprobación ágil y consensuada que logró la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz (JEP) en la plenaria del Senado el pasado miércoles, será ahora la plenaria de la Cámara donde se tendrán que ajustar algunos de los puntos que aún generan controversia, como por ejemplo que los delitos sexuales cometidos por guerrilleros contra los menores de edad sean procesados en la justicia ordinaria.
Este punto en particular, incluido en un artículo nuevo, fue presentado por los senadores Maritza Martínez (Partido de La U), Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana), Jimmy Chamorro (Partido de La U) y Doris Vega (Opción Ciudadana), entre otros. La propuesta fue rechazada por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien pidió a la plenaria que se negara, pero su solicitud no fue acogida.
Este tema suscita problema porque la JEP es el procedimiento judicial definido para que los guerrilleros ya desmovilizados y que no hayan incurrido nuevamente en delitos puedan ser procesados, pero algunos advierten que con este artículo se incumplen los acuerdos.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, advirtió sobre este punto que "no tiene nada que ver con el conflicto, no es un delito que sea producto con ocasión del conflicto, por lo tanto no veo que tengamos que someter a una jurisdicción como esta los delitos sexuales. Es además un delito que se debe investigar individualmente y no colectivamente. Por eso deben ir a la jurisdicción ordinaria y con la pena más alta posible".
Asimismo, quedó con una discusión abierta el tema que avala que a la JEP lleguen todos aquellos que han sido procesados por el paramilitarismo y el favorecimiento o nexos que se dieron para la política.
El tema fue ampliamente debatido y en el caso de la Alianza Verde se reclamó que si bien el fallo de la Corte Constitucional avala que a la justicia especial lleguen todos, el Congreso sí puede limitar que aquellas personas que fueron procesadas por la llamada parapolítica puedan volver al Congreso de la República sin mayores inconvenientes.
Otro aspecto que levantó ampolla son las incompatibilidades que se aprobaron para los magistrados que fueron escogidos para las salas de la JEP. El Senado aprobó que no podrán llegar allí aquellos que cinco años antes de obtener al cargo hayan adelantado procesos judiciales de víctimas en donde se haya pedido procesar al Estado.
Este jueves, la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares Prieto, señaló que sería inconstitucional la decisión que tomó el Congreso de la República en el sentido de que no podrán ser magistrados de esa justicia quienes hayan actuado como abogados en procesos relacionados con el conflicto.
“Veremos qué pasa esta tarde en la Cámara de Representantes y, si fuere el caso, será la Corte Constitucional la encargada de dirimir el tema cuando examine de manera previa le Ley Estatutaria de la JEP”, añadió Linares.
Precisamente, el exjefe negociador de las Farc 'Iván Márquez' aseguró este jueves que el Congreso de la República cuando aprobó la JEP desarticuló algunos aspectos de lo negociado. “No nos explicamos la actitud del Legislativo cuando aprobó que ningún defensor de víctimas puede hacer parte de la JEP como magistrado, es increíble”, sostuvo.
Igualmente, hay preocupación en algunos sectores sobre el tema de los fallos de tutela de la JEP, porque se plantea que surtan proceso de selección y revisión por la Corte Constitucional. Sobre este aspecto, y como pasó con la participación en política, el Senado acogió lo referente de la Corte en su fallo sobre esos temas.
Pero a pesar de que aún quedan varios temas que generarán un amplio debate en el tránsito de esta iniciativa por la Cámara, el Gobierno se mantiene optimista. "Estamos muy satisfechos, este es un logro muy importante, quedó aprobada la columna vertebral del acuerdo de paz y antes del 30 de noviembre se conciliarán los textos", dijo el ministro Rivera.
El ponente en la Cámara, el representante Hernán Penagos, anunció que la ponencia se estará radicando el lunes de la semana próxima o por tarde el martes, para que la discusión pueda arrancar el miércoles en la plenaria.
Sin embargo, Rodrigo Lara urgió al Gobierno que se radique ojalá este mismo viernes la ponencia, para que se pueda anunciar el lunes y se empiece a discutir el martes.
El presidente de la Cámara explicó que en su concepto en la última votación "se deben definir garantías para la fuerza pública, un régimen efectivo de restricción de libertad a jefes de las Farc, un control a los jueces de la JEP", a la vez que dijo que se debe reiterar que se hará seguimiento a los bienes de las Farc.
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