Gracias a la entrada en vigencia del nuevo Código Penitenciario han quedado en libertad cerca de 1.600 presos de baja peligrosidad, esto con el fin de evitar el hacinamiento en las cárceles del país, que cada vez tiene más denuncias de familiares de los reclusos y de organizaciones de derechos humanos.
Según el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) hasta hace un par de días había más de 3.000 solicitudes para que estos reclusos salieran en libertad, cifra que, revelaron, cada día crece, por lo que la institución trabaja de forma acelerada para atender las peticiones.
Por el riesgo que puede representar que se ponga en libertad a alguien condenado por graves delitos, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez, pidió a la Procuraduría que evite que 142 miembros de bandas criminales que son procesados por delitos como homicidios, tráfico y porte de armas, lavado de activos y narcotráfico.
El general Saúl Torres, director del Inpec, que mañana estará en Medellín visitando la cárcel de Bellavista, aseguró que "lo que estamos haciendo es darle celeridad a los trámites en coordinación con los directores de las cárceles del país y las oficinas jurídicas en cada uno de los centros. Hemos fortalecido un poco las oficinas de talento humano para darle celeridad a estos procesos para que la autoridad judicial que concede este beneficio lo pueda hacer de manera rápida".
A DETENER EL HACINAMIENTO
El martes se realizó en la sede del Inpec la primera mesa de trabajo interinstitucional para tomar acciones frente a la situación carcelaria. Allí se establecieron alternativas para solucionar el hacinamiento que hay, al menos, en el 50 por ciento de las cárceles.
El general Saúl Torres dispuso como punto de partida las variables identificadas por los entes de control (entre los que estaban el Ministerio de Justicia, la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo) que se sumarán a la gestión del Inpec y determinarán las medidas y alternativas de solución que competen a cada entidad de acuerdo con el nuevo panorama legislativo.
Uno de los casos que más preocupa es el de la cárcel Bellavista, donde una comisión técnica pidió evacuar el patio cinco por riesgos estructurales. Ya han sido trasladado 569 internos, casi la mitad de ellos a El Pedregal, en el occidente de Medellín, y otros a la cárcel Picaleña de Ibagué.
Para atender la emergencia, la Dirección General del Inpec envió un equipo jurídico a Bellavista, que tendrá a su cargo el análisis de la situación particular de cada recluso para aportar a la descongestión de la cárcel por medio del otorgamiento de libertades condicionales o por pena cumplida, según el nuevo régimen penitenciario.
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