Cinco uniformados serán investigados por una posible extralimitación de sus funciones y un incremento patrimonial no justificado.
Los uniformados son el teniente coronel Rubén Briam Blanco Bonilla, el capitán Jairo Andrés Agudelo Calderón; el sargento primero (r) Éber Antonio Villegas Salazar, el sargento viceprimero Edison Alveiro Flórez Carvajal y el sargento segundo Harold Edison Gaitán Ospina.
Los miembros del Ejército hacían parte del Gaula Rural de Antioquia y, presuntamente, habrían obtenido dinero de una recompensa pagada a un supuesto informante por datos que permitieron la ubicación de una caleta con aproximadamente 300 minas antipersonal.
De acuerdo con la queja disciplinaria, el supuesto informante recibió un cheque por valor de 59 millones 644 mil pesos, que debió cobrar por ventanilla y consignar el dinero en una cuenta de ahorros, para posteriormente retirar el efectivo y entregarlo a los militares dentro de las instalaciones de la cuarta brigada.
El pago se habría hecho a los militares por su participación y el informante después de firmar unos documentos para legalizar su supuesta colaboración con la justicia, recibió un millón de pesos.
Según la Procuraduría, los investigados pudieron incurrir en falta disciplinaria al presuntamente modificar en forma fraudulenta información consignada en documentos oficiales, apropiarse de bienes fiscales propiedad del Ministerio de Defensa Nacional e incurrir en una conducta punible a título de dolo, abusando del cargo, de acuerdo con la Ley 836 de 2003.
Por otra parte, el cargo por presunto enriquecimiento ilícito parte del estudio patrimonial realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación a los uniformados y su entorno familiar que arroja una diferencia patrimonial a justificar superior a 585 millones de pesos y que se vio evidenciada en compras en efectivo de vehículos y propiedades.
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