El fallo emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre la retransmisión de la señal análoga y alta definición de RCN y Caracol, tiene en vilo a más del 75% de los usuarios de televisión por suscripción en Colombia, ya que no existe claridad en si se continuará emitiendo la señal a través de los operadores.
Aunque los canales RCN y Caracol autorizaron la retransmisión análoga hasta septiembre y diciembre, respectivamente, los prestadores del servicio por suscripción mantienen su posición de acatar las medidas cautelares interpuestas mediante decisión judicial, que ordena abstenerse de emitir la señal tanto análoga como HD.
En un momento donde se requieren decisiones de fondo sobre el tema, la Autoridad Nacional de Televisión (Antv), está casi que 'maniatada' y, como afirma su presidente, Ramón Angarita, “desafortunadamente no puede haber una decisión de fondo, porque no puede haber controversia en las decisiones".
Para evitar ese 'choque de trenes', la Antv le pidió este jueves al Superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, que suspenda la medida cautelar. Sin embargo, el funcionario aseguró, antes de la solicitud, que no existe ninguna razón para que los operadores interrumpan o cesen la retransmisión de la señal análoga y mucho menos en supuesto acatamiento de la orden judicial.
Ante la incertidumbre jurídica desatada, el abogado comercialista Julio José Orozco afirma que “urge que la Procuraduría General de la Nación emita un control de advertencia en búsqueda de que se restaure el orden legal vulnerado”.
Laura Ríos, abogada especializada en derecho de empresas, aseguró que la decisión de la SIC fue tomada “salvaguardando los derechos de RCN y Caracol y buscando evitar la consumación de unos posibles actos de competencia desleal”.
Sin embargo, para Orozco la situación actual corresponde al “desmedido afán económico” de los canales, por lo que considera que la medida cautelar fue un error: “era para que se suspendiera lo de HD y se terminó incluyendo la análoga. Dentro de todos los aciertos que ha tenido la SIC, la medida cautelar fue un desacierto total”.
¿USUARIOS VULNERADOS?
En medio del debate jurídico sobre las acciones tomadas por las autoridades competentes, la mayor preocupación gira en torno a si esta 'pelea' de los canales y cableoperadores vulnerará la prestación del servicio de televisión a los usuarios.
Aunque los canales autorizaron la retransmisión de su señal análoga a los cableoperadores por unos meses más, los operadores han ratificado que la voluntad de los canales viene con “condicionamientos técnicos y económicos” que no pueden ser aceptados por ser contrarios a disposiciones legales y contractuales.
Ante la puja en la que se pueden ver perjudicados más del 75% de los televidentes colombianos, la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, Fanny María González Velasco, hizo un llamado “a que se garantice la recepción de la señal de los canales abiertos en la señal de canales por suscripción, para garantizar el derecho a la información y el pluralismo informativo que ha dispuesto la Corte Constitucional".
A la par, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, anunció que se apersonará de la situación y evaluará acciones para resolver la polémica. “Es increíble que estén jugando y manipulando a la audiencia y a todos los colombianos con un conflicto eminentemente jurídico que tienen unas empresas privadas”, aseveró.
Además, afirmó que enviará un derecho de petición a la Antv para ver qué medidas ha adoptado y qué investigaciones ha adelantado, puesto que “cualquiera de estas instituciones debe tener dientes al momento de entrar a solucionar y regular una materia tan importante como es la televisión en el país”.
El Superintendente de Industria y Comercio afirmó que dada la autorización de RCN y Caracol, “no está en riesgo hoy, en virtud de esta medida cautelar, ni el acceso a los partidos del Mundial de fútbol, ni a los debates electorales, ni a los noticieros, ni a las novelas”.
CONTRALORÍA ADVIERTE PRESUNTO DETRIMENTO PATRIMONIAL
Un ingrediente adicional le puso hoy la Contraloría General de la República a la situación, tras advertir sobre un posible detrimento patrimonial por más de $99 mil millones en que se puede incurrir al realizar inversiones en infraestructura para garantizar la señal abierta de televisión y no vigilar de manera adecuada que los colombianos puedan tener acceso a la misma.
La Contralora Sandra Morelli afirmó que el problema radica en que no se está garantizando la recepción de la televisión abierta en forma gratuita en todo el territorio nacional.
Ante esto, el ente de control procedió a emitir un control de advertencia al Ministro de las TIC, el Superintendente de Industria y Comercio, el director de la Autoridad Nacional, el director de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y la gerente de Rtvc.
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