Que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) reciban por parte del Gobierno de Nicaragua la nacionalidad o asilo político es una muestra del estrecho vínculo que tienen. Así lo reveló el diario digital www.eleconomistaamerica.co.
Según el medio, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se caracteriza por ser cercano a las Farc, pues fue comandante del Frente Sandinista para la Liberación de Nicaragua. Además, el mandatario no ha firmado el estatuto de Roma, con el que apoyan que si no se llega a un acuerdo de paz en Colombia, este grupo armado sería juzgado por los delitos de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional (CPI).
A estas razones se suma que en el tratado de extradición que tiene ese Gobierno con Estados Unidos no se contempla el narcotráfico como un delito que amerite extradición.
Sería un plan B
Tal vez, las Farc tomó esta medida como prevención, pues el futuro es incierto. El proceso de paz aún no se sabe cómo va a terminar, porque nada está acordado hasta que todo esté acordado.
Según algunas fuentes, es una jugada audaz, en la que una de las preguntas que surge es si el Gobierno colombiano tiene conocimiento de esta acción. La nacionalidad se le habría dado a los siguientes jefes guerrilleros:
Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo jefe de las Farc, y a quien se le atribuye ser el coordinador de los planes para cultivar, procesar y distribuir cocaína. Presentaría más de 162 órdenes de captura por varios delitos y una "circular roja" de la Interpol. Estados Unidos ofrece una recompensa de cinco millones de dólares por información que conduzca a su arresto.
Luciano Marín Arango, Alias Iván Márquez. Es actualmente el jefe negociador de las Farc en los diálogos de paz que se desarrollan en La Habana. Se indica que es quien establece las políticas para la producción y distribución de droga que posteriormente es distribuida a cualquier parte del mundo, a cambio recibe armamento, municiones y dinero.
Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido con los alias de Joaquín Gómez o Usuriaga. Tiene a su cargo el manejo de las finanzas de las Farc y mantiene relaciones con el narcotráfico y la mafia, tarea que cumplía el Negro Acacio, abatido en el 2007. También supervisa la producción y distribución de droga e impuso el llamado "impuesto revolucionario".
Jorge Torres Victoria, Alias Pablo Catatumbo. Es el encargado de organizar las rutas para la distribución de la droga, así como de llevar a término un canje de secuestrados por guerrilleros presos en las cárceles colombianas. Tiene una "circular roja" de la Interpol por ser integrante del alto mando de las Farc. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 2,5 millones de dólares por información que conduzca al arresto.
Félix Antonio Muñoz Lascarro, alias Pastor Alape. Está acusado por Estados Unidos de controlar la producción, fabricación, y la distribución de 'centenares' de toneladas de cocaína enviadas a ese país y de comerciar drogas en Colombia para conseguir fondos para las Farc. En el 2007 fue incluido en la Lista Clinton por tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico. Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $ 2,5 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena.
La CPI le ha insistido al Gobierno de Nicaragua que si firma el Estatuto enviará un mensaje positivo a su población en materia de justicia y lucha contra la impunidad.
"El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, debe dar pasos concretos para ratificar el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional (CPI)", dijo una fuente de la CPI.
La Corte Penal Internacional se encarga de enjuiciar crímenes graves de derecho internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Cercanía de las Farc con Ortega
Recién paso el fallo de la Haya, en el que se le quitaron 75 kilómetros de mar territorial a Colombia y se le entregaron a Nicaragua, se conoció que las Farc, mediante una carta, felicitaron a ese Gobierno por los "éxitos alcanzados en favor de la soberanía".
Aunque en el texto no se hace referencia al fallo, el entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que el Gobierno " y todos los colombianos (?) no estamos de acuerdo con la afirmación (carta) hecha por las Farc".
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