El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, le pidió a la Corte Constitucional que avale la Ley de Amnistía y su decreto reglamentario debido a su importancia para la implementación del proceso de paz, y por estimar que cumple los estándares internacionales de derechos humanos.
Villegas dijo que la ley no debe estudiarse de manera aislada, sino en el marco de una estrategia jurídica y política que busca combatir la impunidad y garantizar una paz estable y duradera.
“Esta ley consagra unos tratamientos especiales para quienes cometieron delitos por causa del conflicto y están condicionados a la contribución efectiva de los derechos de las víctimas”, dijo.
Villegas señaló que el deber de investigar y sancionar los graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario implica una estrategia de selección de los casos más representativos y permite renunciar la persecución penal de los casos no seleccionados.
“Esta posibilidad no opera automáticamente y está condicionada a unos requisitos relacionados con el sometimiento a la Jurisdicción Especial para la Paz”, agregó.
El ministro señaló que la aplicación de los tratos especiales de esta ley para los agentes de la Fuerza Pública es un requisito vital para la garantía de no repetición, pues se deben contemplar todos los actores el conflicto y no solo a las FARC.
“Excluir la participación de algunos actores del conflicto aumenta los riesgos de inseguridad jurídica”, señaló.
Villegas dijo que de un listado de 1800 personas, 1479 han suscrito su sometimiento a la JEP, 379 han quedado en libertad o trasladados a unidades militares y a 239 se les ha beneficiado con el decreto 706 de 2017 que permite, entre otros, levantar órdenes de captura.
“La ley 1820 de 2016 es, a mi juicio, la notificación inicial del estado colombiano de que cumplirá con los acuerdos con las FARC a través de las tres ramas del poder para lograr la reconciliación, la verdad y la no repetición”, aseguró.
De acuerdo con el Jefe de la Cartera de Defensa, la justicia colombiana ha sido diligente en las investigaciones sobre el conflicto y le solicitó a la Corte “la exequibilidad de la ley 1820 como su aporte a la paz de Colombia”.
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