La Confederación Nacional de Mineros de Colombia -Conalminercol- denunció por medio de un comunicado a la opinión pública que el gobierno de Juan Manuel Santos ha incumplido de manera reiterada los cuatro acuerdos firmados con el gremio de los mineros tradicionales y los cuales están orientados a resolver la informalidad.
En un aparte del comunicado los mineros expresan: "Este Gobierno equivocadamente parte de la presunción de que todas las personas dedicadas a la minería informal o tradicional están relacionadas con la ilegalidad y la criminalidad. El sector es ilegal porque no goza de título minero registrado y vigente otorgado por autoridad competente, pero no porque sus actores somos criminales. Vulnerando, el derecho al trabajo, al mínimo vital, al buen nombre y a la honra, toda vez que, etiqueta la minería informal y tradicional con la criminalidad".
Frente a esto el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo manifestó su respaldo al sector de los mineros nacionales y apoyó la exigencia del gremio para que el Gobierno ponga fin a la política de persecución que ha desplegado contra ellos, dándoles tratamiento de criminales en lugar de atender sus justos reclamos con miras a formalizar el sector.
Además, el senador argumentó que "el trato represivo que el Gobierno da a los mineros tradicionales, gremio donde el 71% es analfabeta o solo estudió algún nivel de primaria, el 72% son afrodescendientes y el 10% pertenecen a comunidades étnicas, contrasta con la alcahuetería con la que el Gobierno trata a las grandes multinacionales de la minería, permitiéndoles toda clase de abusos en materia laboral, ambiental y social".
Los mineros habían logrado estos acuerdos tras 50 días de protestas en septiembre del 2013 en todo el país.
Estos son los acuerdos que no se han cumplido:
1. El compromiso del Gobierno Nacional de presentar a consideración del Congreso un proyecto de ley que se convierta en un pequeño estatuto para la mediana y pequeña minería, que dé una definición clara de lo que es la minería informal diferenciándola de lo que es la ilegal y de la minería criminal, teniendo en cuenta criterios de temporalidad, el uso de maquinaria.
2. Un preacuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente para elaborar una guía minero-ambiental y, de ella, los mineros informales formulan sus planes de cumplimiento ambiental y facultan a las corporaciones autónomas para recibirlos, avalarlos y hacerles el control y seguimiento, para alcanzar una minería sostenible y responsable con el medio ambiente.
3. La aplicación del decreto 2235, mediante el cual las autoridades verificarán que ninguno de los mineros tengan antecedentes judiciales o nexos con grupos ilegales, o hayan cometido delitos, para proceder contra su labor y decomisar maquinaria, entre otras actividades.
4. La creación de unas zonas de minería especial para aquellas familias que tienen una historia ancestral en la minería.
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