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Minjusticia y sindicato del Inpec se enfrentan por paro

En diálogo con 'Blu Radio' el ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo este jueves que en una reunión con representantes del Inpec, les advirtieron a los funcionarios del ministerio que “son un sindicato armado”, lo que calificó de “grave que pongan sobre la mesa de conversación las armas”.

“El martes de la semana pasada fueron dos funcionarios del Ministerio de Justicia a plantearle a los sindicatos del Inpec hasta dónde se puede llegar en las negociaciones, y al fracasar las negociaciones los representantes del sindicato nos dijeron que nos acordáramos en el futuro que ellos son un sindicato armado”, denunció el ministro Reyes.

Pese a la amenaza que hicieron miembros del sindicato del Inpec, el ministro de Justicia confirmó: “nosotros volvimos a conversar con ellos, permanentemente ha habido una comunicación continua con los sindicatos”.

Por su parte, el presidente del sindicato del Inpec, Horacio Bustamante, aseguró que la denuncia presentada por el Ministro de Justicia no es cierta: “La afirmación es falsa ya que nosotros como sindicato nunca nos hemos reunido con el ministro, en cambio sí se han realizado encuentros con otros funcionarios donde hemos sido respetuosos. No somos un sindicato armado, somos una sociedad civil organizada en un sindicato”, finalizó.

La 'operación reglamento' del Inpec lleva cinco meses y consiste en suspender el ingreso, traslado de internos en los centros de reclusión en protesta por el hacinamiento y la falta de personal que sufren las cárceles en Colombia.

Para levantar el paro los trabajadores del Inpec piden mejoras salariales ya que hoy día un guardián tiene un salario inferior a un millón de pesos y trabaja turnos de 24 horas, lo que equivale a 106 horas de trabajo a la semana, y las horas extras apenas les representan 400.000 pesos al mes.

Otra de las peticiones es la ampliación de las plantas de personal de custodia y administrativa, además de que piden mejoras para modernizar las cárceles y así tener en mejores condiciones a quienes se encuentran presos.

La situación se complica ya que en sedes como Bogotá ya iniciaron con el cese total de actividades, si el Gobierno Nacional no atiende sus solicitudes. 



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