El magistrado del Consejo Superior de la Judicatura Henry Villarraga afirmó que no ha exigido, ni recibido dineros de terceros para acomodar el sentido de sus providencias judiciales.
Mediante un comunicado de prensa, Villarraga se pronunció por el escándalo generado luego que Noticias Uno revelara unas interceptaciones telefónicas realizadas que lo comprometerían en un posible caso de favorecimiento a militares vinculados a falsos positivos.
“Me veo en la obligación de reiterar con la debida vehemencia que el suscrito no ha exigido o recibido dinero alguno de terceros por el sentido de ninguna de sus providencias, como irresponsablemente ha sido dicho en los medios de comunicación”, señaló el magistrado.
En el comunicado de cuatro puntos, Villarraga afirmó que en caso de ser investigado por los hechos dará “todas y cada una de las explicaciones y comentarios que ellas ameriten”.
“Estoy llamado a reclamar la oportunidad de ofrecer las explicaciones que el caso merece, así como a debatir con plenas garantías de imparcialidad y contradicción los señalamientos públicos que se me han formulado, lo cual solo puede garantizarse en el seno de un proceso judicial, al que estaré presto a responder”, agregó.
El escándalo en el que está inmerso el magistrado Villarraga tiene que ver con unas llamadas interceptadas al coronel del Ejército Robinson Javier del Río (hijo del también militar Rito Alejo Del Río –investigado por nexos con paramilitares), en las que se evidenciarían que el jurista intercambiaba información con el militar sobre el futuro de un conflicto de competencias que se tramitaba en la Judicatura.
Al parecer, se habría acordado que Villarrraga beneficiara al militar de forma tal que el caso que se le seguía por su posible participación en un ‘falso positivo’ pasara de la justicia ordinaria, a la penal militar. Esto, no obstante, no sucedió.
En el comunicado, el magistrado Villarraga indicó que su tesis a la hora de discutir estos conflictos de competencias ha sido la de dar la presunción de ilegalidad a las órdenes de operaciones y de servicio de las Fuerzas Militares y, en ese sentido, considerar que la ejecución de esas directivas fue igualmente legal.
“Esta presunción de legalidad del documento generador de la actividad militar o policial, trae aparejada a su vez otra presunción de igual importancia, cual es la presunción de conexidad con el servicio de los actos de ejecución derivados de aquel. Es decir, al presumirse la legalidad de la orden, su ejecución habrá de concebirse como un acto del servicio”, señaló el togado.
Y agregó: “esto implica presumir, a menos que se pruebe lo contrario, que dicho documento deviene en legal, entre otras cosas, porque quien lo emite lo hace en ejercicio de las facultades de mando aparejados al cargo y rango que ostenta”.
Según indicó el magistrado, esta tesis la ha sostenido durante un año y medio en un total de 34 providencias judiciales en las que ha sido ponente, de las cuales 19 se enviaron a la justicia penal militar, 10 a la ordinaria penal y 5 en las que el despacho se abstuvo de fallar”.
A esto, señaló, se suman 50 salvamentos y 32 aclaraciones de voto que ha presentado en este tipo de conflicto de competencias.
“El solo periodo de tiempo en que he sostenido y defendido esta tesis jurídica constituye elemento suficiente para entender que la misma trasciende cualquier caso particular sometido al conocimiento de la Corporación, toda vez que se trata de una posición jurídica elaborada en abstracto con la que no se buscaba beneficiar particularmente a uniformado alguno, sino a la sociedad en general y a todos los miembros de la Fuerza Pública, como mal se ha informado a la audiencia”, precisó Villarraga.
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