El próximo 27 de diciembre continúa la audiencia en la que la juez 64 con función de garantías decide si cobija o no con medida de aseguramiento a los nueve implicados en el descalabro financiero de la comisionista de bolsa Interbolsa.
La decisión de aplazar la diligencia a esa fecha se dio luego de que la juez informará a la audiencia la necesidad de un tiempo para analizar más de cinco mil folios que han sido presentados por la Fiscalía y la defensa de los investigados en el caso.
Luego de evaluar dichas pruebas, la juez afirmó que podrá tomar una decisión en derecho sobre si envía o no a la cárcel, de manera preventiva, a los implicados, entre los que se encuentran el presidente de la comisionista, Rodrigo Jaramillo y su mayor inversionista, Alessandro Corridori.
Por su parte, la defensa de los empresarios solicitó que se tenga en cuenta el principio constitucional de presunción de inocencia, alegando que es un derecho de todo ciudadano y por lo cual sus clientes deben defender hasta lo último su libertad.
En sus alegatos, los abogados afirmaron que en este caso no sería posible una medida de aseguramiento de manera preventiva, debido a que sus defendidos siempre han comparecido a los estrados judiciales por lo cual “no cabe la idea de una posible obstrucción a la justicia”.
Sin embargo, consideraron que de ser contraria la decisión de la juez se dicte una medida de aseguramiento con detención domiciliaria.
El pasado 29 de noviembre la Fiscalía General solicitó la medida de aseguramiento preventiva para siete de las nueve personas imputadas por el escándalo de la comisionista de bolsa Interbolsa S.A.
Se trata de Rodrigo Jaramillo, Javier Villadiego, Jorge Mauricio Infante, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Alessandro Corridori y Carlos Arturo Neira, quienes tendrían que permanecer en establecimiento carcelario.
Mientras que la Fiscalía solicitó una medida no privativa de la libertad para los hermanos Luz Andrea y Eduardo Colmenares, quienes tendrían que permanecer en el país mientras de adelantan las investigaciones.
La determinación se basa en que estas personas no podrían comparecer ante los estrados judiciales de ser citados por las autoridades para esclarecer los hechos que rodearon el desfalco financiero de la comisionista.
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