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ONU advierte de aparición de posparamilitares en zonas abandonadas por las Farc

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, expresó su preocupación por la situación de violencia que se está registrando en las regiones de las que están saliendo las Farc, y que están siendo copadas por grupos posparamilitares dedicados al negocio del narcotráfico.

De acuerdo Todd Howland, representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, esta situación obedece a los retrasos en la implementación de los acuerdos de paz alcanzados entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.

“Estamos observando en terreno que hay muchos grupos criminales posparamilitares que están entrando de varias partes del país. Este año ha habido más muertes que en los últimos diez años. Las FARC están dejando vacíos de poder sin transformar las economías ilícitas. Es necesario un mayor esfuerzo del Gobierno en ese tema”, dijo el diplomático.

Howland explicó que si bien es difícil llegar a un acuerdo de paz, lo es más la implementación del mismo “por los vacíos de poder, y esto se debe a la falta de implementación de los acuerdos”. Y recalcó la situación más crítica se registra en varias regiones del país: desde Tumaco hasta Guapí en Nariño (en esa región hay seis grupos posparamilitares); desde el Chocó hasta la región de Urabá y Tierralta (Córdoba), y en municipios como Miranda y Corinto en Cauca, y El Bagre y remedios en el bajo Cauca antioqueño.

El diplomático señaló que muchos de estos crímenes están directamente relacionados con el proceso de paz por el vacío de poder que dejan las Farc y el interés e otros grupos que quieren tomar los negocios ilegales.

Howland insistió en la urgencia de la implementación de los acuerdos a favor de la protección de los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. “Este proceso no puede seguir por siempre porque hay mucha incertidumbre, hay problemas de drogas ilícitas que están generando problemas con otros grupos ilegales. Se deben tomar acciones preventivas, hay partes de los acuerdos en las que parece que no hay gran diferencia (entre el primer acuerdo y el último)”.

Según el vocero de la ONU, si bien en los acuerdos se estableció que habrá apoyo a la comunidad de esas regiones para transformar la economía ilegal en lícita, “eso quedó en el papel”, lo mismo que los mecanismos de la Fiscalía para identificar esos grupos, así como la creación de una comisión de seguridad para estas comunidades. “En muchas regiones hay asesinatos, indígenas, afro, líderes sociales, es el momento de superar estos problemas y que los acuerdos no queden sobre el papel”.

“Estamos preocupados  de que se pierda esta oportunidad de paz. Es importante que se haga esfuerzo de las partes para comenzar acciones que puedan superar los riesgos reales que estamos observando”, agregó.

Nuestra preocupación y nuestro pedido es enfocar de nuevo de que las comunidades puedan articular los cambios que están esperando y como este proceso de paz pueda superar los problemas burocráticos para satisfacer las necesidades de las comunidades, por ejemplo la indemnización a las comunidades de Bojayá para el goce efectivo de sus derechos. Hay que dinamizar el trabajo de las FARC y del Gobierno.

VÍCTIMAS RESPALDAN EL ACUERDO

Por su parte, un grupo de víctimas de Bojayá expresó su respaldo al reciente acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las Farc. 

Leyner Palacio, vocero del Comité de Víctimas de Bojayá, dijo que mientras se implementen los acuerdos, las comunidades afectadas por el conflicto armado seguirán siendo vulnerables. “Este no es un acuerdo perfecto, tampoco pretendemos que nos satisfagan en todo. Por favor, esto es una negociación, pero es una oportunidad de acabar el conflicto armado. Como víctimas, estamos listos para la implementación de este acuerdo en nuestra región”.

A su turno, monseñor Juan Carlos Barreto, Obispo Diócesis de Quibdó, afirmó que "es urgente y necesaria la implementación del acuerdo ya, esto no da más esperas". El prelado se refirió a la crítica situación de violencia que afecta a ciudades como Cali y Quibdó, que se han convertido en las más violentas de la costa Pacífica colombiana.



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