Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, dijo que la gente le está apostando a sustitución de cultivos, pero el Estado aún no implementa esa política.
“Nos preocupa que se hayan incrementado y se mantengan el alto número las agresiones y asesinatos de defensores y líderes sociales. Estamos hablando no de hechos atribuidos al Estado sino a actores que no son estatales que están disputando economías ilegales en los sitios donde estuvo las Farc”.
Lo anterior lo manifestó a Colprensa Guillermo Fernández Maldonado, representante adjunto de la oficina en Colombia del alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, previo a la presentación del Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aquí en Barranquilla.
“Nuestra oficina todos lo años prepara un informe sobre la situación de derechos humanos que se presenta al Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero además queremos presentarlo en las regiones. Hoy nos convoca la presentación de este informe con una visión nacional y regional”, dijo Fernández Maldonado.
Manifestó que la preocupación a nivel nacional y uno de los primeros aspectos que llama mucho la atención y preocupa “es que luego de que existió un cese unilateral al fuego, luego un cese bilateral, luego uno definitivo, que las Farc estén en las zonas veredales, esto haya llevado, de manera paralela, la tendencia del incremento de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos”.
“En el ámbito internacional y también en el nacional la gente se pregunta ¿cómo es esto posible? ¿Qué está fallando? Y esto tiene que ver con que coincide en las zonas donde tuvo mayor influencia las Farc y se retiró. Y que son zonas en las cuales hay gran cantidad de cultivos ilícitos, minería ilegal, extorsión, etcétera, que ahora es disputado por otros grupos al margen de la Ley. Y estos líderes sociales, estos defensores de derechos humanos, los que denuncian la corrupción, no quieren la economía ilegal y por eso son atacados”, afirmó Fernández Maldonado.
Sostuvo que eso también se ha extendido a otros territorios que no tuvieron presencia de los alzados en armas, como el Atlántico, por ejemplo, pero ha habido muerte de esos líderes. “Eso tiene que ver con el tipo de actividades que llevan ellos. Lo que está claro es que hay una amenaza a la sociedad democrática en Colombia por parte de grupos armados sin motivación política real sino de control, precisamente, de unas actividades ilícitas. Y que no por motivos políticos sino por intereses son capaces de amedrentar y asesinar a quienes se opongan a esos intereses y ahí están cayendo esos líderes”.
Indicó que ha raíz de los acuerdos que se llevaron a cabo entre el Gobierno y las Farc, se crearon varias instituciones “que tratan de apuntar prioridad a la atención a desmantelar estos grupos. Pero, como lo ha dicho nuestro representante Todd Holand, en realidad la respuesta más efectiva de no irnos solo al síntoma sino a la causa, tiene que ver con la aplicación efectiva de los acuerdos, es decir, de dar oportunidades económicas, inclusión social a todos estos sectores que han estado abandonados por el Estado”.
“Esto es un proceso que va a tomar años sin duda, lo que estamos diciendo es que hay que empezar ya. Le doy un ejemplo. La gente está apostando por la sustitución. Mucha gente se vio forzada a ser parte de los cultivadores de este tipo de cultivos ilícitos porque no había otra alternativa de supervivencia y quiere la sustitución. Los grupos armados que quieren las economías ilegales los amenazan y los matan porque quieren la sustitución y el Estado todavía no llega. Tiene que llegar el Estado no solo para protegerlos sino para darles alternativas económicas para implementar lo que se acordó”, agregó.
Apuntó que “la respuesta para poner fin a esa violencia, la Oficina ha dicho que se deben hacer una implementación integral de los acuerdos. La gente está apostando, por ejemplo, por las sustituciones. Están poniendo en riesgos sus vidas ante estos grupos criminales que quieren seguir delinquiendo. Y hay que implementar cuanto antes los proyectos ya aprobados”.
Terminó diciendo que llegar a las regiones a presentar los informes, “lo que estamos haciendo no solo una presentación sino que haya un amplio espectro de representantes sociales y del Estado, a nivel nacional y local, que compartan su visión. Esto es algo que quiere hacer una contribución para el diálogo y algo que motive a avanzar en el proceso de construcción de paz todos los sectores. No solo es responsabilidad del Estado es de todos los sectores”.
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