La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y la Unicef hicieron un llamado a las autoridades nacionales para que comprendan la dimensión de la afectación de los derechos de las comunidades indígenas desplazadas en la capital del país.
El pronunciamiento se dio por la preocupación que generó el hecho presentado en Bogotá, cuando 18 indígenas desplazados del Alto Andágueday, Risaralda, en su mayoría niños, niñas y mujeres, del pueblo Embera Chamí, resultaron heridos tras lo que sería un uso excesivo de la fuerza por integrantes de las Policía.
“Hacemos un llamado urgente a las autoridades para que se garanticen los derechos a una vida digna de estas personas de acuerdo con su cultura, usos y costumbres”, señalaron las organizaciones internacionales en Colombia a través de un comunicado.
Así mismo, señalaron que el Estado colombiano tiene la obligación de brindar la protección adecuada a los derechos de todas las niñas, niños y adolescentes y mujeres e indígenas, por lo que urgieron a las autoridades para que “esclarezcan los hechos e identifiquen a los responsables de los mismos a la mayor brevedad posible”.
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