Un logro importante para garantizar los derechos fundamentales a la vida e integridad personal de las mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, logró la Defensoría del Pueblo, a través de un fallo de tutela emitido por la Corte Constitucional.
La solicitud, se hizo en virtud al caso de una mujer que fue agredida por su compañero sentimental en Barrancabermeja (Santander) y por medio de la Defensoría Regional, pidió medidas de protección pero estas les fueron negadas por las autoridades competentes.
Es así como la Defensoría del Magdalena Medio, instauró una acción de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalías, la Policía Nacional y el Juzgado Segundo Municipal de Barrancabermeja, por no brindarle a la víctima las medidas de protección de forma oportuna, al considerar que estas serían aplicadas en el marco de una audiencia dos meses después.
Aunque la tutela fue negada tanto en primera instancia como en la impugnación, e incluso la Corte Constitucional no la seleccionó en un primer momento, la Defensoría a través de la Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, en conjunto con la Dirección de Recursos y Acciones Judiciales, insistió ante el Alto Tribunal con el fin de que la acción de amparo fuera escogida para su revisión y análisis.
Finalmente, la Corte decidió estudiar la tutela y emitir este fallo trascendental, pues además de proteger los derechos de la mujer que acudió a la Defensoría ante el constante maltrato de su pareja, ordenó a la Fiscalía General de la Nación solicitar inmediatamente ante un juez de control de garantías las medidas de protección cuando se presenten estas situaciones.
El amparo policivo está contemplado en la Ley 1257 de 2008, que previene a la Fiscalía, Comisarios de Familia y Jueces para que asuman su posición de garantes frente a las lesiones que puediera sufrir una víctima de violencia intrafamiliar, en caso de no adoptarse las medidas contempladas en dicha norma.
"Para la Defensoría, se trata de una determinación de la mayor importancia, pues resulta indispensable en aras de proteger un derecho fundamental, así como de materializar el enfoque diferencial que amerita el tratamiento de estos tipos de violencia", señala la entidad en un comunicado enviado a los medios.
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