El Consejo de Estado atendió una acción de cumplimiento contra varias instituciones del Gobierno Nacional, en donde se advertían fallas en la implementación de la ley 1761 de 2015, conocida como 'Ley Rosa Elvira Cely', con la que se creó el delito de feminicidio.
El abogado Germán Humberto Rincón Perfetti interpuso el recurso en contra del Ministerio de Educación, la Defensoría del Pueblo, La Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la Alta Consejería Presidencial para la Mujer, el Ministerio de Justicia, el Instituto de Medicina Legal, la Comisión de Género de la Rama judicial y la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla.
Según el litigante, dichas instituciones no habrían adelantado acciones para cumplir con los artículos 9, 10, 11 y 12 de dicha ley.
Sin embargo, tras el estudio realizado por el ponente Alberto Yepes Barreiro, de las entidades requeridas, la que efectivamente tenía deberes por cumplir es el Ministerio de Educación.
Según el magistrado, la cartera educativa había incumplido con el artículo 10, en cuyo parágrafo 1 se estipula que el ministerio disponga los elementos necesarios para incorporar la perspectiva de género en la doctrina de las instituciones de educación básica, en donde se debe concentrar en la protección de las mujeres, como base fundamental de la sociedad.
Por esta razón, el alto tribunal le dio un plazo de seis meses al ministerio para implementar los mecanismos de monitoreo y evaluación permanente del proceso de incorporación de género en los proyectos pedagógicos.
Así mismo, el ministerio deberá entregar el informe anual de implementación del 2017 a la Comisión legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República, para su respectivo análisis.
La Ley 1761 de 2015 fue promovida en el legislativo como reacción a la indignación que se creó en la sociedad colombiana, y en especial bogotana, por el atroz crimen de Rosa Elvira Cely, una mujer de 35 años, quien a principios de 2012 fue abusada sexual y físicamente en el Parque Nacional, y falleció tras varios días en cuidados intensivos.
Los promotores de dicha iniciativa argumentaron que los crímenes en contra de las mujeres merecían penas mucho más duras, las cuales quedaron estipuladas en máximo 60 años de cárcel.
Entre las condenas que se conocen contra las personas que han cometido delitos de este tipo se cuenta el caso de Rafael Uribe Noguera, quien fue condenado a 58 años de prisión por el feminicidio de Yuliana Samboní, una niña indígena que fue abusada y asesinada en el barrio Chapinero de Bogotá.
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