La necesidad de plantear un debate sobre el futuro de las Fuerzas Armadas en el país se elevó este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte de diversas organizaciones sociales, que piden garantías de no repetición de graves crímenes en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz.
La vocera del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Jomary Ortegón, indicó que se trata de tomar medidas para prevenir y que no vuelvan a presentarse desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Entre las medidas propuso “la reducción de las Fuerzas Armadas”, al indicar que los recursos destinados para seguridad y defensa, que ocupan el 20 % del presupuesto nacional, podrían redestinarse a la garantía de la paz territorial y a la satisfacción de derechos.
“Temas como la adecuación de la Jurisdicción Penal Militar a los estándares internacionales, eliminación del servicio militar obligatorio y su transformación para un servicio social para la paz, son ideas que hemos planteado y que no han sido considerados”, dijo.
Para Ortegón igualmente, en un escenario de posacuerdo, se necesita un cuerpo “civilista” que dependa del ministerio del Interior y no de Defensa, y que se debe desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad.
Igualmente, se habló de la necesidad de promover una descalificación de archivos de inteligencia y una política de preservación de documentos para que contribuyan a la memoria, así como excluir de la función pública a personas comprometidas con graves violaciones a los derechos humanos.
Como punto esencial, las organizaciones solicitaron el desmonte del paramilitarismo. El vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Franklin Castañeda, rechazó que el Gobierno no reconozca la existencia de estos grupos, alegando que no le quieren dar un estatus diferente al de organizaciones criminales.
“Pero cabe señalar que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han ya cerrado el debate: los grupos paramilitares no tienen estatus político, nunca se han enfrentado al Estado colombiano y en consecuencia no pueden considerarse como rebeldes o sediciosos. Pese a esto el Gobierno mantiene un discurso falaz de negar el paramilitarismo, lo cual es custodiar que no se reconozca que hay élites políticas y funcionarios del Estado que se encuentran en un ejercicio amplio de colaboración de estos grupos”, dijo.
GOBIERNO DESTACA ACUERDO DE PAZ
En la audiencia, la Alta Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria Betancur, aseguró que hace cuatro meses Colombia dio un paso trascendental cuando firmó el Acuerdo como un elemento en sí mismo de no repetición “al abordar las causas estructurales que dieron origen y continuidad al conflicto”.
Gaviria señaló que “la respuesta del Estado debe ser integral, traducida en inversión social y seguridad”, por lo que se realizará una primera inversión “en vías terciarias de 60 mil millones de pesos y se busca llegar a 1,3 billones de pesos con recursos del sistema general de regalías”.
Por otro lado, dijo Gaviria, se espera “en el mediano plazo, que más de 500 municipios altamente afectados por el conflicto disminuyan sus índices de pobreza, a la vez que aumenten la presencia y oferta del Estado”.
Al respecto, recordó que las “dimensiones reparadora y preventiva de garantías de no repetición han sido eje de la política de víctimas del Gobierno”, en tanto el Estado ha reparado administrativamente a cerca de 700.000 víctimas del conflicto armado y ha restituido 200 mil hectáreas despojadas o abandonadas forzosamente a 27 mil familias.
Comentarios ()