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Persisten falencias en atención a desplazados: Procurador

El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, aseguró que si bien ha evolucionado sustancialmente la política de atención a los desplazados en el país, que hoy son más de seis millones de personas, todavía hace falta mucho trabajo interinstitucional que generan vulneraciones a los derechos de esa población.

Ante la Corte Constitucional, el Procurador reconoció que se ha hecho un esfuerzo presupuestal, técnico e institucional en la materia pero que la medición sobre si persiste o no un estado de cosas inconstitucionales sobre desplazamiento forzado se debe hacer sobre el impacto real sobre las víctimas.

“Ha habido una evolución favorable, hay una clara política pública donde han estado comprometidas de manera evidente los diferentes órganos públicos. No obstante, considera la Procuraduría, que el instrumento constitucional del estado de cosas inconstitucionales ha sido benéfico y coincido en que debe mantenerse por un tiempo razonable”, señaló.

Ordóñez dijo que la Procuraduría ha denunciado con anterioridad de falencias en la implementación de la Ley de Víctimas y que hay deficiencias en cuánto a los aspectos en salud y educación, entre otros.

Por ejemplo, dijo que si bien 87.8 de los niños, niñas y adolescentes víctimas de desplazamiento forzado entre 5 y 17 años están recibiendo educación, las tasas de analfabetismo son altas, por lo que se deben crear mecanismos para igual el nivel de educación de la población desplazada frente al resto de la población.

Ordóñez dijo que preocupa a la Procuraduría que solo el 8.3 por ciento de la población desplazada ha recibido atención psicosocial y que el 32.5 por ciento tiene vulnerabilidad alimentaria, según la encuesta de la Contraloría, que tiene un indicador distinto a la encuesta del Gobierno.

El Procurador General dijo que se necesita un política de generación de ingresos integral que permita a la población desplazada superar la pobreza extrema que estaría en la línea del 67% y frente a lo cual “no hay un avance significativo”.

Ordóñez dijo que no hay un sistema de corresponsabilidad que permita una articulación Nación-territorio, que hay una deficiencia en la calidad de los datos en la red nacional de información, que hay deficiencias en la notificación a las víctimas cuando son registradas efectivamente en el Registro Único de Víctimas, entre otros.

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